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EDITORIAL

El Gobierno, contra Madrid... y contra la legalidad

En campaña contra Madrid, el Ejecutivo social-comunista no se frena ni ante las leyes.

EDITORIAL
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Tras meses de desentenderse completamente de la evolución de la epidemia, el Gobierno mostró hace unos días un súbito interés por la situación en la Comunidad de Madrid. Un interés que, como todo lo que hace el Ejecutivo que comanda Pedro Sánchez siguiendo los dictados propagandísticos de Iván Redondo, tuvo que expresarse de forma grandilocuente en reuniones cargadas de palabras altisonantes, simbología y banderas.

Pero muy pronto se vio que lo que Sánchez busca en Madrid no es luchar contra la epidemia y ayudar a la Administración regional sino, más bien al contrario, atacar a Isabel Díaz Ayuso hasta arrebatarle el poder.

De no ser así, el presidente del Gobierno tendría dos posibles vías de acción muy claras: podría estar de acuerdo con la Comunidad de Madrid y considerar que, si bien los datos de la epidemia en la región son obviamente muy preocupantes, aún están dentro de parámetros controlables –como parecen indicar los datos– y, por tanto, lo pertinente son las medidas más localizadas y detalladas que está desplegando la propia CAM. A partir de ahí, el Ejecutivo tendría mucho que ofrecer a Madrid y a los madrileños, y sin duda sería muy capaz de hacer una contribución valiosísima en la lucha contra el coronavirus.

O bien podría considerar, incluso aunque un análisis detallado de los datos no lleve a esa conclusión, que la epidemia está completamente descontrolada en Madrid y que el Gobierno regional no hace lo suficiente por atajarla. En ese caso lo que debería hacer es declarar el estado de alarma, tomar el control y poner en marcha las medidas restrictivas que considere pertinentes.

Pero lo que hacen Sánchez y sus secuaces no es una cosa ni la otra, ni colaboran ni asumen la responsabilidad: se limitan a mantener una confrontación política para desgastar al que ven como un enemigo, porque este Gobierno sólo entiende el poder como un ejercicio cainita para acabar con aquellos que se le oponen.

Por si esto no fuese lo suficientemente grave, para seguir con su campaña contra Madrid el Ejecutivo no se frena ni ante las leyes: retuerce el funcionamiento de los órganos e instituciones e incluso publica textos en el BOE de más que dudosa legalidad y hedor a prevaricación.

Es una prueba más de la falta de respeto por la democracia de un Gobierno que cree que su posición le da derecho a todo, a pasar por encima de quien sea y, muy especialmente, de las leyes.

Sólo cabe esperar que la Comunidad de Madrid no dude un segundo en defenderse en los tribunales y, por supuesto, que los jueces no caigan en la tentación de un apaño legal que tape las miserias de Sánchez, Illa y los suyos a costa del Estado de Derecho, de los ciudadanos de Madrid y de una economía sin cuyo empuje es imposible pensar siquiera en una recuperación en España.

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