Tras estar ninguneando e insultando al principal partido de la oposición desde que estalló la crisis del coronavirus, del que tan responsable fue su Gobierno, un Pedro Sánchez acorralado se ha visto en la obligación de llamar al líder del PP, Pablo Casado, para pedirle su apoyo en la votación de la prórroga del estado de alarma que tendrá lugar este miércoles en el Parlamento.
Desbordado por las dimensiones de la catástrofe, agravada por la tremenda incompetencia de su Gobierno, Sánchez necesita quiere seguir haciendo uso de una legislación de excepción que le permite sortear casi todos los controles propios de una democracia mientras mantiene confinada a una ciudadanía con todos los motivos para estar furiosa con la canalla social-comunista que ha empujado a España a crisis devastadora.
Lo angustioso de la posición de Sánchez a ojos de los socialistas quedó reflejado este lunes en las palabras del descalificable José Luis Ábalos, que tras la negativa de Casado a seguir firmando un cheque en blanco al Gobierno de la Vergüenza bramó amenazante: o estado de alarma o el caos. Increíble pero cierto: el protagonista del Delcygate no sólo sigue siendo ministro, es decir, desprestigiando las instituciones, sino que tiene la desfachatez de permitirse lanzar advertencias como si fuera un vulgar matón chavista.
Ciertamente, el Partido Popular no puede seguir permitiendo que Sánchez chantajee a la ciudadanía por medio de su enésima intoxicación desinformadora. Por supuesto que hay alternativas a seguir concediendo poderes extraordinarios a un Gobierno extraordinariamente incapaz que, para colmo, está trufado de enemigos de la democracia que pretenden aprovechar la ocasión para dinamitar el orden constitucional.
La negativa de Casado a prorrogar el estado de alarma no es una deslealtad sino todo lo contrario, una decisión necesaria para poner freno a un Gobierno sobrepasado que no hace más que dar palos de ciego, devastar la economía y cercenar libertades. Sánchez ha dado innumerables y hasta trágicas pruebas de que no es de fiar. És el que tiene que arriesgar y ofrecer garantías a quienes demandan una gestión más transparente y eficaz de la pandemia y preservar el orden constitucional.