El Tribunal Constitucional ha sentenciado que la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión parlamentaria del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fue ilegal, una cacicada de Pedro Sánchez para cumplir con las exigencias de su socio. Como se recordará, Sánchez aprovechó un decreto para hacer frente a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia para colar al entonces vicepresidente en la comisión del CNI, con acceso a los expedientes y actividades de los servicios de inteligencia.
Dos días después de aquel decreto, el 19 de marzo, el entonces vicepresidente de Asuntos Sociales comparecía en rueda de prensa para prometer una sustanciosa inyección de fondos a fin de reforzar las plantillas de las residencias de mayores. "Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores, y este fondo de trescientos millones de euros va a emplearse para este fin", declaraba en rueda de prensa al lado del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Los resultados de aquella prioridad se saldaron con el abandono absoluto por parte de Illa e Iglesias de las residencias de mayores y decenas de miles de muertos. "Es urgente medicalizar estos centros reforzando con personal y elementos sanitarios, con más recursos. Y muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo", decía Iglesias poniendo cara de preocupación". La historia es conocida. La auténtica prioridad de Iglesias era acceder a la información del CNI, introducirse en el puente de mando de los servicios de inteligencia, desde donde podía disponer de claves de sumo interés para sus amigos bolivarianos e iraníes.
El Tribunal Constitucional ha sido rotundo. Sánchez facilitó el acceso de Iglesias a los secretos de Estado por un atajo, por una puerta de atrás y al socaire de una cortina de humo, las medidas frente al coronavirus. La sentencia deja claro que en la decisión del presidente del Gobierno no concurría la extraordinaria urgencia y necesidad que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento.
Había que meter a Iglesias en la comisión del CNI aunque fuera a martillazos y así lo hizo Sánchez, ajeno a la más mínima sutileza política e inteligencia jurídica. La inclusión del líder de Podemos en la comisión era una de las condiciones impuestas para la formación de un Gobierno de coalición. Y Sánchez no dudó ni un instante en asumir semejante irresponsabilidad, la de que un personaje con el perfil internacional de Pablo Iglesias pudiera conocer los asuntos que maneja el CNI, influir en ellos y orientar las líneas estratégicas de dichos servicios. Por cierto, la sentencia del Constitucional también afecta a Iván Redondo, el director de gabinete de Sánchez, colado en la comisión del CNI en el mismo decreto.
Aún es pronto para calibrar los efectos catastróficos del paso de Pablo Iglesias por el Gobierno. Falta perspectiva. La sentencia del TC es un primer apunte, pero vendrán más. Estamos hablando de un personaje que montó una suerte de unidad secreta de asuntos internos en su partido para espiar a sus rivales políticos, dentro y fuera de Podemos, una especie de grupo destinado a darle información y protegerle ante expedientes tan malolientes como el del teléfono móvil de Dina Bousselham, la excolaboradora a la que le montó un remedo de diario digital para comprar su silencio. Valga decir que Dina Bousselham es una persona de gran notoriedad en los círculos monárquicos de Marruecos que en España, curiosamente, ejerce de tremenda republicana.
Estamos hablando también de un tipo que se rodeó de un grupo de matones, una escolta privada ilegal que tuvo su momento de gloria en los disturbios organizados por Podemos en Vallecas durante un mitin de Vox en la pasada campaña electoral de las autonómicas madrileñas. En Podemos dicen que no son guardaespaldas de Iglesias, sino personal "técnico", pero muchas imágenes ponen de manifiesto la verdadera función de esos individuos.
Iglesias se ha marchado de la primera línea política, pero no de la actualidad. Son muchos los expedientes judiciales sobre los que debe responder, empezando por el caso Dina y siguiendo por las irregularidades en la financiación de Podemos y que también están bajo investigación judicial. Por no hablar de lo ocurrido durante la pandemia. La sentencia del Tribunal Constitucional debería ser la primera de una cadena que proteja a los españoles en el futuro la participación en la vida pública de personajes tan siniestros, nefastos y perjudiciales como este individuo.
La resolución debería ser también un aviso para Pedro Sánchez, quien parece dispuesto a seguir cometiendo tropelías fuera de la ley para mantenerse en el poder. Por ejemplo, con el plan para indultar a los golpistas catalanes, unos tipos que de lo único que se arrepienten es de no haber forzado más la máquina para conseguir sus propósitos.