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EDITORIAL

El imparable deterioro de las pensiones públicas

Sólo una reforma enérgica y valiente de las políticas de previsión social en España podría contener este lento pero imparable deterioro en las condiciones de acceso a la jubilación de nuestros trabajadores.

EDITORIAL
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La Seguridad Social española lleva 25 años en progresivo desmoronamiento. Aunque a tenor de la importancia que ciertos medios le atribuyen a la presente reforma parecería que estamos ante el primer cambio de calado en nuestro sistema público de pensiones, lo cierto es que aproximadamente cada doce o trece años los políticos se ven forzados a proceder a parchearlo. No olvidemos que en 1985 el período de cálculo de la pensión se elevó de dos a ocho años, en 1997 de ocho a 15 y, ahora en 2011, de 15 a 25. Así pues, antes de 2025 podemos esperar con relativa seguridad una nueva reforma que deje en papel mojado la actual.

Por mucho que la retórica socialista pretenda imponerse a la realidad apelando a inexistentes "derechos sociales", el enemigo número uno de las pensiones de reparto no es ni la crisis económica, ni los especuladores, ni los neocon, ni Angela Merkel. El auténtico motivo de fondo que convierte en inviable cualquier sistema con pies de barro como el español es simple y llanamente la demografía: a menos que ésta se expanda de manera exponencial, en algún momento la pirámide de población se convierte en una urna o incluso en una pirámide invertida, y las pensiones dejan de poder pagarse.

Ante la inexorable certeza del colapso, los políticos podrán añadir numerosos parches para tratar de aplazarlo, pero a largo plazo el mantenimiento del sistema sólo puede lograrse con la combinación de trabajar durante más tiempo –alargando la edad de jubilación– para cobrar menos –rebajando la pensión al ampliar el período de cálculo–. De hecho, algunas reformas como la actual incluso terminan perjudicando a ciertos colectivos que, en principio, ninguna relación guardaban con el sistema: éste es el caso de los becarios quienes, al pasar a cotizar, o verán rebajados sus ya exiguas remuneraciones o, directamente, no llegarán a ser contratados.

Sólo una reforma enérgica y valiente de las políticas de previsión social en España podría contener este lento pero imparable deterioro en las condiciones de acceso a la jubilación de nuestros trabajadores. Sería menester que, como se ha hecho en países como Chile o muchos otros de Europa del Este, el pilar fundamental del sistema fueran las pensiones de capitalización, en las que cada empleado va ahorrando e invirtiendo en activos de alto rendimiento una parte de su salario a lo largo de su vida laboral. De este modo, cada persona podría dejar de trabajar, no cuando le impusiera el Gobierno, sino cuando creyera haber acumulado un patrimonio suficiente como para hacerlo; algo que, atendiendo al enorme éxito que ha logrado en aquellos países en los que se ha implementado, sería bastante antes de los 67 años actuales.

Sin embargo, tanto PP como PSOE parecen más interesados en contentar a los sindicatos y demás grupos de presión próximos a la izquierda que en satisfacer las necesidades de los españoles. Por eso en lugar de transitar hace 25 años hacia un sistema de capitalización prefirieron conservar un sistema público en plena degradación, y por eso esta reforma no será, ni mucho menos, la última.


 

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