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EDITORIAL

El impune vuelo del faisán

Esta bochornosa decisión de la Audiencia Nacional parece pensada para forzar a Ruz a hacer lo que Garzón quiso hacer 'motu proprio': olvidarse del caso y decretar el archivo de la causa.

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Se supone que lo que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que decidir era si el chivatazo a ETA, por el que el juez Ruz había dictado auto de procesamiento contra la cúpula de Interior en el País Vasco, era constitutivo de delito por colaboración con banda terrorista –penado con hasta diez años de cárcel– o tan solo un delito de revelación de secretos y encubrimiento, con penas mucho más leves. La propia convocatoria de este pleno por parte de su presidente, Javier Gómez Bermúdez, ya causó sorpresa en su día, pues no había precedentes de que esta instancia hubiera sido convocada para entender de un recurso de apelación contra un auto de procesamiento. Más aun cuando la controversia que supuestamente la justificaba era algo tan absurdo como cuestionar que el chivatazo fuera un delito de colaboración con banda armada por el hecho de que no hubiera afinidad ideológica entre el colaborador y la banda terrorista.

Tanto la lógica más elemental como una abundante jurisprudencia dictaminan que el delito de colaboración "no exige que el colaborador comparta los fines políticos o ideológicos de los terroristas", tal y como afirmó en su día el propio Gómez Bermúdez en su sentencia del 11-M. Que el pleno de la Sala hubiera ahora dictaminado lo contrario habría sido torcer la ley, contrariar la jurisprudencia y cuestionar todas las condenas que han llevado a prisión a muchos delincuentes que han colaborado con terroristas sin tener afinidad ideológica alguna con ellos.

Ahora bien, la decisión que finalmente ha tomado el pleno de la Sala no debería resultarnos menos escandalosa, pues no sólo no dirime la naturaleza del delito que se perpetró en el bar Faisán, sino que revoca el procesamiento de la cúpula policial de Rubalcaba al no ver "indicios suficientes" contra sus integrantes. Que el caso vuelva nuevamente al juez Ruz, al que hipócritamente se pide que siga investigando, constituye una nueva pirueta que sólo parece perseguir el archivo de la causa mediante el cansancio de las acusaciones y del propio instructor. El juez Ruz ya ratificó que los dos ex altos mandos policiales y el inspector debían ser procesados, y serlo por un delito de colaboración con banda armada. Para ello se basó en un concienzudo informe final de conclusiones que encargó al equipo policial que investigó el caso, y que aportaba elementos más que de sobra no ya para procesar a los imputados, sino incluso para seguir investigando quién fue el eslabón último de la cadena del chivatazo.

Teniendo siempre presente las recientes informaciones que aseguraban que los imputados habrían amenazado a sus superiores con tirar de la manta en caso de ser procesados por colaboración con banda armada, esta bochornosa decisión de la Audiencia Nacional parece pensada para forzar a Ruz a hacer lo que Garzón quiso hacer motu proprio: olvidarse del caso y decretar el archivo de la causa.


 

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