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EDITORIAL

El IVA y los votantes de Zapatero

Pedir un esfuerzo suplementario a los demás cuando no se quieren hacer los deberes es propio de adolescentes malcriados, una definición que se ajusta como un guante a la ideología de Zapatero y los suyos.

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Ahora que ha entrado en vigor la subida del IVA impuesta por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el que decía que bajar impuestos era de izquierdas, parece el momento adecuado de recordar lo que dijeron de Esperanza Aguirre cuando propuso "rebelarse" contra la misma. Se la acusó de incitar al incumplimiento de la ley, a la insumisión fiscal, cuando lo único que propuso, e hizo, fue organizar una protesta e invitar a los ciudadanos a sumarse a ella. Pero eso no la libró de aceradas críticas provenientes de los mismos ámbitos ideológicos que promueven o protagonizan el incumplimiento de los servicios mínimos o la desobediencia a la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Como suele suceder con la izquierda, acusan a los demás de lo que ellos mismos hacen.

El incremento del IVA que a partir de este jueves sufriremos todos los españoles supone, en las optimistas previsiones de Hacienda, unos ingresos en sus arcas de 5.000 millones de euros al año. Un cifra considerable, considerándola aisladamente, pero claramente insuficiente comparada con los 120.000 millones de déficit previstos para este año. Parece claro, pues, que para reducir el déficit resulta más eficaz reducir el gasto. Sin embargo, pese al impacto de las medidas tomadas contra los ingresos de funcionarios y pensionistas, el Gobierno de Zapatero no ha actuado en muchísimas otras partidas. Eliminar las subvenciones a las energías renovables, por ejemplo, supondría un ahorro de 5.874 millones de euros, mayor que el dinero que ingresará por este aumento del IVA.

Es cierto que, puestos a subir impuestos, se ha escogido el menos dañino para la situación en la que nos encontramos. España debe, tanto pública como privadamente, mucho dinero a inversores extranjeros; dinero que sólo podremos pagar ahorrando. Todo impuesto desincentiva aquello que grava, de modo que es menos malo perjudicar al consumo frente a la inversión y el trabajo.

Pero lo que no tiene sentido es forzar así un descenso en el consumo privado que de hecho ya se ha producido sin rebajar el gasto público, que es la principal rémora para ajustar la economía española a la realidad. Bancos, empresas y ciudadanos nos hemos apretado el cinturón, pero el Gobierno está haciendo todo lo que puede para evitarlo. Pedir un esfuerzo suplementario a los demás cuando no se quieren hacer los deberes es propio de adolescentes malcriados, una definición que se ajusta como un guante a la ideología de Zapatero y los suyos.

Por otro lado, las formas con que se ha realizado el aumento del IVA no son precisamente las mejores. Muchos consumidores se han encontrado con la sorpresa de que recibos de meses como mayo o junio de suministros como la electricidad, el gas o el teléfono aplicaban el 18 y no el 16%, pese a que el consumo se realizó antes de la subida. La razón es que Hacienda ha exigido –eso sí, a la chita callando– que si ese dinero se cobra después del 1 de julio incorpore ya el nuevo IVA, por más que el consumo se haya producido antes. Es decir, que para muchos gastos, los ciudadanos hemos visto cómo nos subían el impuesto antes de que pudiéramos tenerlo en cuenta para ajustar nuestro consumo. Si una empresa privada hiciera algo así, los políticos harían declaraciones altisonantes contra ella y se arrogarían el papel de acabar con sus abusos. Pero ellos siempre pueden abusar, claro.

Los españoles siguen teniendo muy interiorizada la idea de que aquellos que tienen más deben aportar un porcentaje mayor de sus ganancias al erario público. Los socialistas, de hecho, han sido quienes más han hecho por convertir esta idea en un lugar común. Sin embargo, como siempre, han incumplido las promesas que hicieron cuando llegaron al poder. Naturalmente, estamos en contra de la demagogia que hay detrás de quienes quieren "subir los impuestos a los ricos", que no deja de ser una forma aceptada socialmente de expresar envidia. Pero si un gobernante fue elegido para llevar a cabo una política y ejecuta la contraria pierde por completo la legitimidad para ocupar su cargo. Zapatero debió dimitir cuando comenzó su giro radical. No porque fuera malo, sino porque rompía por completo su pacto con quienes lo eligieron. El que se negara a hacerlo nos obliga a exigirlo cada día.


 

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