Si la Justicia le exime en su día de las responsabilidades que ahora se le atribuyen, nada impedirá al PP rehabilitar a Camps con todos los honores. Mientras tanto, su presencia en la cúpula del PP es un lastre que ningún partido debería permitirse.
Por mucho que en la sede nacional del Partido Popular insistan en que Francisco Camps no está imputado por la Justicia, lo cierto es que la decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa incoada en su día por cohecho pone al presidente valenciano en esa situación, más allá de disquisiciones jurídicas de orden anecdótico.
En efecto, antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia acordara el sobreimiento del caso que ahora revoca el Supremo, el magistrado José Flors no sólo había realizado todas las diligencias que entendió necesarias, sino que ordenó la continuación de los trámites ordinarios para abrir juicio con jurado al presidente popular. El destino inmediato de Camps, por tanto, no es otro que el banquillo de los acusados, aunque en el PP prefieran agarrarse a matices de orden procesal para no reconocer esa evidencia.
No entramos en valoraciones sobre la culpabilidad o no del presidente valenciano. La Justicia será la que dirá en su día lo que proceda en este caso. Ahora bien, lo que resulta evidente es que un personaje público acusado formalmente de haber cometido un delito de cohecho no es el mejor reclamo de presentación de un partido que aspira a llegar a La Moncloa.
Ni siquiera la circunstancia de la escasa cuantía del presunto delito, unos simples trajes, puede hacernos olvidar que la principal obligación de un cargo público es actuar con extrema pulcritud en todo lo que se relacione con el ejercicio del poder. Es cierto, asimismo, que hay dirigentes socialistas cuyo enriquecimiento obsceno suele pasar desapercibido para unos fiscales que, en cambio, se muestran implacables cuando los implicados son del PP. Mas ni siquiera la constatación de esta hemiplejía judicial debe privarnos de mostrar nuestra repugnancia ante la presencia en las listas electorales de políticos implicados en este tipo de tramas corruptas, sean del partido que sean. La limpieza del sistema democrático exige que los encargados de representar a los ciudadanos presenten un expediente impoluto en esta materia, y eso es algo que Francisco Camps no puede exhibir en su situación actual.
El colmo es que el propio Camps pretenda escenificar un acto de apoyo multitudinario con la presencia del presidente nacional de su partido, justo unos días antes del Debate sobre el Estado de la Nación, acontecimiento parlamentario que puede llegar a ser decisivo en esta aciaga legislatura y del que pueden depender, en gran medida, las posibilidades de que el PP gane las elecciones de 2012.
Camps no está legitimado en estos momentos para representar a su partido de cara a las elecciones autonómicas del año próximo. Si la Justicia le exime en su día de las responsabilidades que ahora se le atribuyen, nada impedirá a su partido rehabilitarlo con todos los honores. Mientras tanto, su presencia en la cúpula del PP es un lastre que ningún partido debería permitirse. Mucho menos uno que aspire a gobernar no sólo en Valencia sino también en toda España.
