Estaría muy bien que Rajoy, bajo cuyo mandato la deuda pública española ha experimentado el mayor incremento de toda su historia, pretendiese ahora inaugurar una auténtica política de austeridad y de celeridad en la reducción del déficit, así como llevar a cabo una ambiciosa política reformista que liberalizase de verdad nuestra mortecina economía en todos los ámbitos.
Aun estaría mejor –aunque resultase tan absolutamente extraño como innecesario– que el PSOE y los demás partidos de la oposición se sumaran al Gobierno en pro de esta inédita política económica, acorde con las antiguas señas de identidad del partido con el que Rajoy se presentó a las elecciones.
Sin embargo, desengañémonos: el cacareado "pacto europeo" suscrito por Rajoy y Rubalcaba, al que se acaban de sumar los nacionalistas de CiU y PNV y, sorprendentemente, la UPyD de Rosa Diez, no es más que un cúmulo de vaguedades y buenas intenciones con el que, en realidad, la manirrota clase política española está pidiendo a Bruselas una moratoria a la hora de reducir el déficit público con la excusa, tan políticamente correcta, de la creación de empleo –sobre todo juvenil–, la reactivación del crédito a pymes y familias y el crecimiento económico en general. No otra cosa significa su petición de que "el ritmo de consolidación fiscal se adapte a las condiciones económicas"; o sus eufemismos para solicitar que el BCE siga monetizando deuda; o sus contantes referencias a los fondos públicos como instrumento de creación de empleo juvenil.
Sólo desde la muy extendida idea que ensalza el consenso por sí mismo, con independencia de su contenido, este pacto puede ser defendido. Que lo suscriba Rubalcaba tiene su lógica, habida cuenta de que este acuerdo europeo, al margen de su estéril corrección política, está muy en la línea de aquella defensa del gasto público y de una moratoria en la contención del déficit que el socialista hizo con ocasión de las últimas elecciones generales. También tiene su lógica que los nacionalistas, inmersos en carísimos procesos de construcción nacional, se apunten a una relajación de la disciplina presupuestaria.
Lo que no tiene ninguna lógica es que lo suscriba el PP, salvo que este partido lo presida una persona carente del carácter necesario para querer enfrentarse a los beneficiarios del actual statu quo. Por esto mismo, la verdadera sorpresa de este acuerdo que trata de ubicar en Europa las responsabilidades del Gobierno de España es que haya sumado la UPyD de Rosa Diez.
Parece que esta formación todavía está muy verde en política económica. Lo que es seguro es que ha perdido una espléndida ocasión de desmarcarse de una decadente clase política de la que pretende ser alternativa.