El parlamento catalán ha aprobado una ley que le permitirá robar temporalmente un piso si su dueño no decide –libremente, claro está– ponerlo en alquiler. Los políticos, evidentemente, no lo dicen así; lo llaman "alquiler forzoso" y aseguran que se hará cuando la Administración, es decir, ellos, certifique que se incumple "la función social de la propiedad".
Así no sorprende que Cataluña haya perdido su tradicional empuje y pujanza, cediendo el testigo a otras regiones que, como Madrid, no se han dedicado a atacar incesantemente a una de las instituciones clave en la pervivencia tanto de la libertad como de la prosperidad: la propiedad privada. En su nube ideológica prefieren obviar que la función social de ésta es única y exclusivamente la que quiera su dueño; si no, pierde completamente su sentido.
Existen muchas razones para dejar un piso vacío. Su propietario puede haberse desplazado a trabajar a otra zona de España, o a otro país, pero no quiere deshacerse de un hogar al que eventualmente planea regresar. O puede haberlo comprado para que su hijo pueda emanciparse cuando le llegue la edad. O puede haberlo dejado listo para que sus hijos lo hereden cuando fallezca, mientras él regresa a su pueblo natal a pasar sus últimos años. Todas esas razones no las conocen, ni tienen por qué saberlas, las administraciones públicas. Son los dueños los únicos que tienen el conocimiento de por qué una casa está vacía, además del derecho a disponer de ella como le parezca oportuno.
Una ley de arrendamientos urbanos que deje de penalizar a los propietarios podrá eliminar las barreras que llevan a tantos a retraerse de ponerlo en alquiler. Ya supone un incentivo notable el ganar un dinero que, dado que ya se ha invertido en la compra de la casa, sale prácticamente "gratis" comparado con dejarla vacía. Si no se hace, por tanto, podemos suponer que existen buenas razones para ello. Quien no tiene derecho alguno a tomar la decisión pasando por encima de esos motivos son los poderes públicos, en lo que supone un claro abuso de poder. Eso sí, los únicos que podemos garantizar que podrán dormir tranquilos serán Inma Mayol y Joan Saura. Sus diversas propiedades en Cataluña y Mallorca seguro que "cumplen la función social de la propiedad", al menos en lo que a los funcionarios de la Generalitat se refiere. Por la cuenta que les trae.
