Poco ha tardado el nuevo presidente del Parlamento regional de Cataluña, el republicano y supuestamente "conciliador" Roger Torrent, en demostrar lo que es: un decidido partidario del golpe de Estado perpetrado por su partido y por las demás formaciones separatistas. Su ominosa decisión de saltarse a la torera el reglamento de la Cámara para proponer la candidatura a la Presidencia de la Generalidad del fugitivo golpista Carles Puigdemont –y su proclamada disposición a visitarlo en su refugio bruselense– va mucho más allá del ya de por sí escandaloso hecho de que luzca en la solapa un lazo amarillo en solidaridad con los golpistas prófugos o encarcelados.
La de Torrent es una decisión escandalosamente arbitraria que vulnera el reglamento –totalmente a sabiendas, pues ha hecho caso omiso de la unánime advertencia de los letrados de la Cámara– y que, por tanto, podría constituir un delito de prevaricación, al que, por cierto, se le podría añadir otro de malversación de fondos públicos en el caso de que, con el objetivo de consumar una investidura telemática clamorosamente contraria a Derecho, consumara su lacayesca visita a Puigdemont a cargo del Erario.
Torrent sabe perfectamente que Puigdemont, tanto si para entonces sigue huido de la Justicia como si, por el contrario, se encuentra en prisión preventiva, no asistirá a la sesión de investidura, por lo que el presidente del Parlamento catalán está proponiendo una candidatura nula de pleno derecho a sabiendas de que lo es.
A la decisión de Torrent hay que añadir la enésima provocación del fugitivo Puigdemont, con su parece que fugaz visita a Dinamarca, a donde ha viajado para asistir a una conferencia universitaria a la que previamente había solicitado ser invitado y en la que ha salido malparado.
Aunque el conocimiento de que Puigdemont iba a abandonar Bélgica haya provocado la razonable solicitud de la Fiscalía de reactivar la orden de detención europea, el juez Llanera acertadamente la ha rechazado, eventualmente "para más adelante", si bien con argumentos que, en cambio, no merecen la misma consideración positiva. Así, la sorprendente suposición de que Puigdemont pretendía, en realidad, ser detenido en Dinamarca para poder alegar que su ausencia en la sesión de investidura no respondería a su decisión de huir de la Justicia, sino que sería la consecuencia de una situación que le vendría impuesta, no sólo constituye una rocambolesca e innecesaria explicación del auténtico motivo que haya podido tener Puigdemont para hacer esa visita a Dinamarca, sino que pasa por alto que éste habría podido igualmente esgrimir esa justificación regresando a España, donde ya está activa una orden de detención en su contra. Por otra parte, no hay que olvidar que el reglamento de la Cámara regional catalana no permite la ausencia fisica del candidato en la sesión de investidura, con independencia de que la misma sea voluntaria –para huir de la Justicia– o "impuesta y sobrevenida" –una detención policial–.
Mucho más plausible parece el argumento de Llanera de no correr el menor riesgo de romper la unidad de la causa, puesto que, si bien el ordenamiento jurídico y la Administración de Justicia daneses no son los belgas y se parecen mucho más a los españoles –en Dinamarca, de hecho, se penan algunos de los delitos por los que están acusados Puigdemont y compañía más severamente que en España–, un proceso de detención y extradición siempre implica tiempo, y el riesgo de que la Justicia española no pueda juzgar a los fugados por los mismos delitos por los que lo serán el resto de los acusados.
La pretensión de Llanera de que una extradición de Puigdemont no imponga ninguna limitación o rémora a la hora de juzgarlo y la idea –que no comparte el juez– de que el golpista no ha pretendido otra cosa con su visita a Copenhague que jugar al gato y al ratón con el Estado e internacionalizar el mal llamado "conflicto catalán" son lo que justifica que no se haya reactivado una orden europea de detención que bien podría haber estado activa para cuando el golpista ya hubiese regresado a su refugio bruselense.
Con todo, y al margen de las pésimas consecuencias que ha tenido, también en el ámbito procesal, la disparatada decisión de convocar elecciones autonómicas en Cataluña sin esperar siquiera al juicio por el golpe de Estado, ya va siendo hora de que ese juicio se celebre. Con o sin el cabecilla de los golpistas. A diferencia de lo que sucede con los aspirantes a presidir el Gobierno regional de Cataluña, que deben comparecer ante la Cámara catalana, los juicios pueden llevarse a cabo sin que algunos de los acusados estén presentes en la sala.