Como hemos sostenido aquí siempre, los medios de comunicación públicos son un anacronismo en las sociedades avanzadas cuyo único destino aceptable es el cierre en caso de que fracase su privatización. Las radios y televisiones gubernamentales dilapidan cantidades ingentes de fondos públicos para hacer propaganda del gobierno de turno sirviendo a sus intereses partidistas, no de los ciudadanos que las sufragan con sus impuestos, y eso vale para cualquier medio público de los varios centenares que operan actualmente en España si sumamos las emisoras de televisión y las estaciones de radio oficiales.
Ahora bien, siendo cierto que los medios de comunicación financiados por los gobiernos son principalmente instrumentos de propaganda, justo es reconocer que en manos del PSOE el bochorno partidista ha alcanzado cotas difícilmente alcanzables por su rival político. A estas alturas no será necesario recurrir a la hemeroteca para rescatar escenas siniestras de manipulación informativa en RTVE durante el felipismo, cuando el gobierno era además el único operador en el sector televisivo. Basta simplemente comprobar el sesgo izquierdista de la corporación pública de medios audiovisuales en sus informaciones durante los primeros cuatro meses de gobierno del Partido Popular, para advertir que, aún con el PSOE fuera del poder, las terminales socialistas enquistadas en la maquinaria de propaganda estatal siguen cumpliendo sus órdenes a la perfección.
Es natural que los socialistas hayan salido en tromba a denunciar lo que, con desvergüenza notable, califican de una pérdida del pluralismo, por el hecho de que el gobierno del Partido Popular haya decidido renovar la cúpula de RTVE utilizando los mecanismos de una ley aprobada en 2006 por el propio PSOE. Están acostumbrados a manejar los instrumentos oficiales de propaganda en régimen de exclusividad y el socialismo siempre es refractario a perder el monopolio de la información, como lo prueban actualmente las salidas de tono de sus miembros más conspicuos.
El gobierno de Rajoy tiene en estos momentos de graves dificultades económicas la ocasión para poner fin a unos instrumentos de desinformación partidista que encima resultan carísimos. Para nuestra común desgracia, el último Consejo de Ministros excluyó a RTVE del programa privatizador que sí alcanzará a los medios autonómicos, algo que sólo puede disculparse en cierta medida en caso de que esta decisión obedezca a la necesidad de nombrar a un gestor competente, que dirija la reordenación del marasmo de canales que ahora se operan desde el ente público.
Si el Partido Popular se inclina por la solución "Urdaci", es decir, la simple sustitución de los sectarios actuales por profesionales más próximos a su ideario pero manteniendo el actual entramado mediático, estará dando argumentos a los gobiernos regionales para que todo permanezca como hasta ahora con tan sólo algunos retoques cosméticos. Lo peor, sin embargo, es que habrá desaprovechado una excelente oportunidad para rendir un gran servicio a todos los españoles.