Tras la reunión de casi una hora que han mantenido con el Rey, los secretarios generales de CC.OO. y UGT han emitido un comunicado conjunto en el que informan que han trasladado al monarca su visión de que las políticas económicas del gobierno suponen un "durísimo recorte del gasto público" y que las reformas estructurales que se están ligando a ellas "bajo el objetivo de reducción drástica y perentoria del déficit público español" son un "suicidio" para España.
No es de extrañar que los partidarios del gasto público y quienes viven del pesebre estatal, como es el caso de los sindicatos, consideren "durísimo" el tímido recorte del gasto público llevado a cabo por el gobierno; o que consideren "drástica" su todavía inapreciable reducción del déficit público; o que no digan nada de las brutales –esas sí- subidas de impuestos con la que el gobierno de Rajoy trata de preservar al máximo posible nuestro elefantiásico sector público y su capacidad de endeudamiento. Tampoco nos debe sorprender la "oposición" de los sindicatos ante un posible segundo rescate de la economía española por las instituciones europeas, por mucho que su apuesta por que las administraciones públicas sigan gastando a calzón quitado sea la vía más segura para llegar a esa temida intervención.
Lo que sí nos llama la atención, por mucho que estemos muy acostumbrados a la desfachatez de los sindicatos, es que sus representantes hayan trasladado al Rey la "necesidad de someter a referéndum" las políticas del Gobierno sobre la base de que son "radicalmente diferentes a las planteadas en las últimas elecciones generales".
No seremos nosotros los que neguemos los incumplimientos del Gobierno de Rajoy, especialmente en lo que a reducción del déficit e impuestos se refiere, ni seremos nosotros los que quitemos la razón a ese 63% de ciudadanos que, al contrario que los sindicatos, considera que el gobierno debió recortar más el gasto público y no subir los impuestos, tal y como se reflejaba el sondeo de Sigma 2 publicado por el diario El Mundo el pasado 5 de enero.
Sin embargo, si alguien no tiene legitimidad para cuestionar la política del gobierno son los sindicatos que, con unas ridículas tasas de afiliación, apenas tienen representación democrática y que han sido los más descarados cómplices de la nefasta política socialista que nos llevó al borde de la bancarrota y que, con muy escasas modificaciones, nos mantiene allí. Es más, puestos a someter a referéndum lo que el gobierno del PP hace o podría hacer, ¿por qué no preguntamos a los ciudadanos si son o no partidarios de suprimir las multimillonarias subvenciones que sindicatos y patronal siguen recibiendo del Estado?
Teniendo en cuenta que una cada vez más amplia mayoría se muestra partidaria de reducir o suprimir totalmente las subvenciones a los privilegiados y mal llamados "agentes sociales" –tal y como reflejaba el sondeo antes citado y muchos otros posteriores-, es evidente que no es ese el referéndum que desean Méndez y Fernández Toxo. Como tampoco lo es el que pidiera la opinión de los españoles respecto a la drástica y contraproducente subida de impuestos a las rentas del trabajo, del ahorro y a los bienes inmuebles, así como a la nueva subida del IVA aprobados por el gobierno de Rajoy. No. Lo único que pretenden someter a referéndum es lo que la demagogia pueda servir a sus particulares intereses sin importarles lo que supondría para el conjunto de la ciudadanía. Vamos, como para recibir lecciones de democracia de estos vividores del trabajo ajeno.