Sería un error tomarse los resultados de los test de estrés de la banca española como cálculos exactos sobre cuáles van a ser las pérdidas que experimentará nuestro sistema financiero en el futuro. Desde el momento en que las cifras bailan en una horquilla de entre 150.000 y 200.000 millones de euros según adoptemos una perspectiva más o menos pesimista, la precisión queda desde luego diluida. Pero, al menos, sí cabe extraer una primera conclusión de los test que se hicieron públicos ayer: la banca española hoy por hoy no está quebrada.
Esto no significa, obviamente, que no haya muchas entidades que sí se encuentran al borde de la bancarrota, sino que el conjunto del sistema tiene activos suficientes con los que hacer frente a sus deudas. Las pérdidas serán de una enorme magnitud (cerca del 20% del PIB) pero de momento soportables. La capitalización de nuestras entidades les permitirá absorber, no sin ciertas dificultades, todos los excesos que se cometieron durante los años de la burbuja inmobiliaria, esto es, liquidarán sus malas inversiones sin necesidad de entrar en concurso de acreedores.
Los bancos han sido los que mejor han capeado el temporal, mientras que las cajas, dirigidas por los mismos políticos que ahora se afanan por controlar y regular el sector privado, han sido con diferencia las que peores resultados exhiben. Se demuestra, de nuevo, que incluso en un mercado tan tremendamente intervenido como el financiero, las entidades privadas tienden a ser más eficientes y responsables que las públicas y que la solución contra los ciclos económicos no está tanto en regular o nacionalizar a los bancos como en terminar con los privilegios de unas entidades de crédito que pueden acudir siempre que lo requieran al correspondiente banco central para que les refinancie los vencimientos de sus deudas.
Ahora bien, por mucho que la mayoría de economistas esté echando las campanas al vuelo por los resultados, convendría no dejarse llevar por una euforia excesiva. Las pérdidas aproximadas de los test de estrés dependen críticamente de que la economía española no se desplome, pues en caso contrario la morosidad será mayor de la prevista, los ingresos de los bancos decrecerán y, además, el Estado podría llegar a perder la capacidad para hacer frente a sus deudas. En otras palabras, a menos que la economía española deje de decrecer y comience a crear empleo, los cálculos europeos sobre las pérdidas esperadas de nuestro sistema bancario podrían resultar muy insuficientes.
Es, por tanto, tarea del Gobierno emprender cuando antes todos los ajustes necesarios para que la economía reflote, incluyendo una reforma laboral en condiciones, muy distinta del decreto-ley aprobado por el Ejecutivo. Si las pérdidas acaecidas hasta el momento cabe atribuirlas grosso modo al pinchazo de la burbuja creada por el Banco Central Europeo, todas las que se generen a partir de ahora –que son justo las que podrían hacer quebrar a todo nuestro sistema financiero– tendrán un origen claro: la incapacidad del Ejecutivo para liberar a España del corsé regulatorio e intervencionista que le impide volver a crear riqueza.
En todo caso, y aun aguantando el tipo, hay serios motivos para la preocupación. Que nuestro sistema financiero no quiebre no significa que goce de gran salud. Las pérdidas previstas por los test de estrés son de tal magnitud que nuestra banca quedará muy debilitada durante bastantes años. Hay un importante riesgo de que España se convierta en una especie de Japón, país que ya lleva dos décadas de estancamiento por una combinación de bancos infracapitalizados y pésimas políticas keynesianas. Lo lógico sería aprender de la historia y rectificar el rumbo seguido durante los últimos años, pero este Gobierno parece claramente dispuesto a sacrificar el bienestar de la sociedad por sus intereses electorales. Los test de estrés pueden no haber sido catastróficos, pero desde luego Zapatero sí lo es.