Con el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez no existe límite al deterioro: cuando parecía imposible empeorar el ominoso bodrio jurídico de la Ley de Memoria Histórica, Sánchez se saca de la manga un anteproyecto de ley de memoria democrática en el que socialistas y comunistas acaban de pactar disparates como la persecución de "crímenes del franquismo" perpetrados hasta 1982, año de la primera llegada de los socialistas al poder.
Al margen de la ilegalidad que constituye sortear la Ley de Amnistía de 1977 y la pretensión de aplicar de forma retroactiva una modificación desfavorable en el ámbito de la legislación penal –y de no recabar el no vinculante pero sí preceptivo informe al Consejo de Estado–, este proyecto de ley constituye una aberrante manifestación de sectarismo y estupidez que, por descontado, además no logrará los más que cuestionables objetivos que su impulsores dicen perseguir.
Para empezar, los responsables de lo que socialistas y comunistas llaman "crímenes franquistas" hace años que están muertos. Por otra parte, Francisco Franco falleció en 1975 y España es una democracia plenamente constitucional desde 1978, fecha de aprobación de la Carta Magna.
Este proyecto de ley, que invoca supuestos "crímenes de lesa humanidad" –bajo un régimen franquista que, estupefacientemente, prolonga hasta 1982–, nada dice de las decenas de miles de inocentes asesinados por socialistas y comunistas antes y después del inicio de la guerra civil, entre ellos más de una decena de obispos, centenares de monjas y miles de sacerdotes y religiosos. Eso, por no hablar de los centenares de asesinatos perpetrados por los comunistas de ETA durante y después de la dictadura franquista.
No faltarán quienes digan, en parte con razón, que este Gobierno incompetente y vil desempolva el franquismo para que no se hable de noticias tan graves como que España lidera el paro en Europa, que ha alcanzado su récord histórico de deuda pública, que el incremento del precio de la electricidad no parece tener límite o que un informe de Bruselas alerta de que la ministra Teresa Ribera amenaza la "seguridad del suministro energético". Sin embargo, esta función de cortina de humo no es en absoluto incompatible con otra pretensión no menos firme y clara de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y el resto de la banda liberticida: subvertir las bases del ordenamiento constitucional e imponer un relato antidemocrático, sectario y maniqueo sobre la Guerra Civil, el franquismo y la Transición, en el que los buenos son la izquierda y los separatistas y los malos y autoritarios, la derecha.
Este anteproyecto de ley es, en realidad, una nauseabunda manifestación de totalitarismo antifranquista especialmente sangrante por venir de un Gobierno que se lo debe todo a golpistas y proterroristas y en el que medran indeseables que ensalzas regímenes criminales actuales como los que padecen en Cuba y Venezuela.