Es completamente lógico el profundo malestar que ha causado en todas las asociaciones de jueces –incluida Jueces para la Democracia– la noticia de que el Rey no acudirá a la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces que se celebrará el viernes en Barcelona. Ciertamente, uno de los actos al que tiene que asistir el Rey –en cuyo nombre se imparte la justicia– es el de la entrega de despachos a quienes entran a formar parte de uno de los tres poderes del Estado; presencia que, si bien no es obligada por ley, cuenta ya con una tradición de más de veinte años.
Lo peor son las nulas explicaciones que ha dado el Ejecutivo social-comunista –inmerso en negociaciones con los separatistas para que respalden sus Presupuestos– de esta sorprendente ausencia del monarca en un acto al que la Casa Real ya había comunicado que asistiría, como todos los años. En un primer momento, fuentes del Gobierno apuntaban a que se trataba de una decisión de Zarzuela, mientras que otras reconocían más tarde que se trataba de una decisión del Ejecutivo. Aun así, las únicas explicaciones oficiales las ha dado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que se ha limitado a asegurar que se trata de “una decisión muy bien tomada”.
Ya se trate de una decisión tomada para tratar de contentar a los aliados separatistas del Gobierno –y de paso desviar la atención respecto de la noticia de que España ha entrado oficialmente en la peor recesión económica de su historia–, ya se haya adoptado por la dificultad de garantizar la seguridad del monarca –tal y como apuntan oficiosamente desde la Moncloa–, la ausencia del Rey en Barcelona es una decisión absolutamente bochornosa e inaceptable. Lo primero significaría que el Gobierno sacrifica y supedita a sus intereses la máxima representación institucional que corresponde al Rey; lo segundo debería suponer la inmediata dimisión de Pedro Sánchez, pues ningún presidente del Gobierno debe seguir en el cargo si no es capaz de garantizar la seguridad del Jefe del Estado en todo el territorio nacional.
Sea como fuere, aún resultan más bochornosas las concesiones que el Gobierno ha otorgado a los separatistas con ocasión de la tramitación de los indultos para los golpistas del 1-O. Y no por la tramitación en sí –en España se tramitaron el año pasado 4.022 indultos, pero sólo se concedieron 32, es decir, el 0,97%–, sino por la absoluta renuencia del Ejecutivo a garantizar que no se concederán a quienes a día de hoy siguen sin arrepentirse de los delitos cometidos, que además han sido sustituidos en sus cargos oficiales por correligionarios que –como Quim Torra– se han comprometido públicamente en reincidir en sus ilegales pretensiones secesionistas.
A todo lo anterior hay que añadir la impresentable disposición del Ejecutivo a reformar el Código Penal para rebajar las penas por rebelión y sedición. Si se tiene presente que esos delitos ya se restringieron en la reforma del Código Penal de 1995, y que los separatistas siguen empecinados en la consecución de la independencia de Cataluña por la ilegal vía de los hechos consumados, cabe hacerse una idea de la temeraria servidumbre hacia los golpistas que conlleva no endurecer las penas sino reducirlas. Esa rebaja de penas no sólo beneficiaría a los golpistas futuros sino a Carles Puigdemont, en caso de que fuera juzgado con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.
Está visto que a Pedro Sánchez no le quitan el sueño ni la crisis sanitaria, ni la crisis económica ni la crisis institucional que afecta a España como nación y como Estado de Derecho. Lo único que le quita el sueño es perder la poltrona.