La gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es tan caótica y perjudicial que, por primera vez en mucho tiempo, está logrando poner de acuerdo a un nutrido grupo de colectivos y organismos cuyo único denominador común consiste en criticar la errónea política fiscal y económica que pretende poner en marcha el PSOE con la inestimable ayuda de Podemos y los separatistas.
Uno de los primeros en alzar la voz ha sido el dueño y fundador de Mercadona, Juan Roig, que, en su habitual tono distendido y sin pelos en la lengua –puesto que nada debe al poder político–, ha hecho un llamamiento a la clase empresarial para que salga del armario y defienda sin ambages la noble figura del empresario y su esencial función en la economía. En un momento en el que el populismo de corte bolivariano campa a sus anchas, es fundamental que las empresas den la cara para defenderse de los furibundos y falaces ataques que reciben por parte de la izquierda más radical, pero también del PSOE, cuya cúpula ha optado por asumir, en mayor o menor medida, el funesto programa electoral del Podemos.
La gran novedad es que Roig no se ha quedado solo. El Instituto de Empresa Familiar, que engloba a algunas de las compañías más importantes del país, también ha denunciado abiertamente la visión cortoplacista de Sánchez. La economía nacional todavía no ha salido de la crisis, y lo peor de todo es que presenta graves vulnerabilidades, de modo que, en caso de que vuelvan a surgir turbulencias financieras, corre el riesgo de sufrir un brusco estancamiento e incluso una nueva recesión. Son muchas las reformas estructurales que necesita España para impulsar el crecimiento y acabar de una vez con la lacra del paro, pero la voluntad de Sánchez va justo en la dirección contraria.
Prueba de ello es la sustancial subida de impuestos que pretende imponer a familias y empresas, incluidos los autónomos, que también se revelan contra el plan del Gobierno para aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social. Las asociaciones de autónomos ya han puesto el grito en el cielo, lo cual no es de extrañar, puesto que el 80% de los trabajadores por cuenta propia rechaza de forma categórica este nuevo sablazo fiscal.
Y lo mismo sucede con algunos de los principales organismos e instituciones públicas. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lanzó duras advertencias al Ejecutivo durante su comparecencia en el Congreso el pasado miércoles, sobre todo en materia laboral y de pensiones. La histórica subida del SMI y la revalorización de las pensiones con el IPC han sido diseñadas con el único fin de ganar votos, pero tendrán efectos muy negativos sobre la creación de empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas, respectivamente. La Comisión Europea, por su parte, ya ha alertado a Sánchez de que su plan presupuestario es papel mojado y España corre el riesgo de incumplir el objetivo de déficit.
Sánchez y su socio, Pablo Iglesias, hacen oídos sordos. El Gobierno no tiene ninguna intención de corregir su perjudicial política económica, ya que el objetivo del presidente es otro muy distinto: profundizar en su particular campaña de marketing electoral financiada con el dinero de todos. La factura de este gran error, por desgracia, la pagarán todos los españoles en forma de menor crecimiento y creación de empleo.