El exabrupto cuasi delictivo de Tardà de "Muera el Borbón" es sólo la anécdota de una categoría mucho más amplia. Aunque haya quedado como la nota delirante de los actos de ERC en contra de la Constitución española, no debemos olvidar que durante este evento se procedió al entierro y la quema de la Carta Magna.
El Borbón, como les gusta denominarlo para remarcar su linaje con su odiado Felipe V, no es el auténtico objetivo del independentismo izquierdista catalán –si bien lo han convertido en todo un símbolo de su animadversión hacia España, por ejemplo con la quema de sus fotografías–, ni tan siquiera puede decirse que la actual Constitución lo sea. Nada habría que objetar si ERC pretendiera reformar las instituciones con el objetivo de mejorarlas; nosotros mismos hemos señalado algunos de los agujeros negros más evidentes de nuestra Ley de leyes.
De hecho, la permanente reflexión sobre los presupuestos de nuestro ordenamiento jurídico es un ejercicio muy sano y recomendable para reforzar las garantías de los derechos individuales y de la libertad. En este contexto, por ejemplo, podría tener sentido que ERC rechazara la existencia de una figura monárquica si considerara que así contribuye a afianzar la democracia.
Sin embargo, el nacionalismo radical no está interesado en reformar unas instituciones que pueda considerar deficientes por cualquier motivo legítimo, sino que pretende dinamitarlas con el objetivo de aprovechar el desconcierto y el caos para instaurar su propio régimen autocrático.
En el mismo acto donde se quemó la Constitución (no por ser una mala Constitución, sino por ser una Constitución para todos los españoles) Tardà también advirtió de que los catalanes no serán verdaderamente libres hasta que se haya constituido la república catalana.
Dicho de otra manera, la libertad es un privilegio que sólo puede conceder un Estado catalán y no un derecho inherente que puedan reivindicar catalanes y españoles frente a cualquier Estado. Una premisa peligrosa sobre la que puede edificarse la dictadura más salvaje por parte de quienes en ese momento ocupen la Administración (que, en cuanto Administración con pedigrí catalán, sólo puede pertenecer a los auténticos catalanes, esto es, a los nacionalistas de ERC).
Sólo así puede entenderse que el proceso de construcción nacional de Cataluña, por el que pretende liberarse al pueblo catalán, se lleve por delante tantas libertades ciudadanas (como la libertad de expresión o de elección de centro educativo) en comparación con lo que sucede en el resto de la supuestamente represora España. Y es que desde la perspectiva de una parte del nacionalismo, sin nación catalanizada no puede haber Estado catalán y sin éste, la libertad carece de sentido.
La senda despótica de ERC es algo que no debiera extrañar a quienes conozcan la ideología de este partido. Sorprende acaso algo más que el PSOE –que se reputa, al menos en sus siglas, español– colabore activamente en las instituciones democráticas con quienes pretenden cargárselas, no ya por ser españolas, sino para que no las haya de ningún tipo. Ahí está Bono, presidente de un Congreso depositario de la soberanía nacional, disculpando a Tardà y a sus pirómanos chicos de ERC. Quizá sea porque el hermanamiento izquierdista contra los derechos individuales –y, sobre todo, la conservación del poder con todos los latrocinios que ello permite– puede más que el respeto que le merecen los españoles.
En todo caso, en este trigésimo aniversario de la Constitución parece que queda claro que seguimos sin ser una democracia madura. Uno de los dos grandes partidos de España, a la sazón en el Gobierno, no duda en coaligarse con quienes pretenden destruir la democracia y quemar la Constitución por el hecho de ser Constitución. Pocas circunstancias podrían hacer peligrar más las libertades en nuestro país que este oportunismo antisistema del PSOE en colaboración con un grupo de déspotas visionarios. El problema de Tardà no es que suelte frases inapropiadas para un político, sino que rezuman toda una estrategia política de destrucción institucional asumida en última instancia por el Ejecutivo socialista, tanto en Cataluña como en España.