Aún no es posible saber si lo ocurrido este viernes ha sido una mera representación que no va a llevar a ningún resultado real o si, por el contrario, estamos a las puertas de un gobierno social-comunista apoyado por los separatistas que, obviamente, podría ser catastrófico.
Pero una cosa sí ha quedado fuera de toda duda después de las múltiples declaraciones y comparecencias que han jalonado uno de los días políticos más intensos de los últimos meses: que ninguno de los cuatro grandes partidos está en este momento trabajando para España y los españoles.
En mayor o menor medida todos se limitan a los movimientos que creen que les convienen de cara a una próxima convocatoria electoral o, en su defecto, a intentos más que evidentes de alcanzar el poder al coste que sea.
En algunos casos el interés partidista puede coincidir más con lo que sería deseable para el conjunto de la nación que con otros, es evidente que la llegada al poder de Iglesias y los partidos separatistas es un riesgo inasumible aunque sea a través de un presidente interpuesto como Sánchez, pero eso tampoco justifica la estrategia de Rajoy que nos ha llevado hasta este punto: con una gestión desastrosa del golpe independentista en Cataluña, renunciando a afrontar el problema separatista que se extiende por varias comunidades de España y, muy al contrario, entregando -a través de una serie de pactos vergonzantes- la gobernabilidad a un PNV que ha tardado 48 horas en traicionarle.
Ciudadanos tampoco sale bien parado del análisis objetivo de su actuación: si bien es cierto que, tal y como defienden ahora los de Rivera, lo mejor sea la convocatoria de elecciones, la oportunidad de lograrlo estuvo a su alcance esta misma semana negándose a apoyar unos Presupuestos desastrosos y llenos de concesiones al separatismo.
Argumenta el partido naranja que la sentencia de la Gürtel marca un antes y un después, pero lo cierto es que no hay una razón objetiva para que esto sea así: por un lado, todos conocíamos ya esas prácticas corruptas del PP; por el otro lo cierto es que el único miembro relevante del partido condenado es Bárcenas, expulsado hace mucho tiempo y, además, la sentencia asegura que se actuó sin el conocimiento de la dirección genovesa. En resumen: no hay ninguna novedad.
Y qué decir de un PSOE que se ofrece como opción regeneradora pese a los tremendos casos de corrupción que arrastra y, además, está dispuesto a llegar a Moncloa de la mano de partidos que no son sólo golpistas, sino que en Cataluña han participado de, o protagonizado la corrupción más escandalosa de Europa.
La apuesta de Sánchez es un despropósito que tampoco se justifica por una sentencia que puede que haya sido más contundente de lo esperado, pero que no ha revelado nada que no fuese de público conocimiento. El secretario general socialista está lanzando un órdago muy atrevido que puede darle unos meses de poder, pero a un coste enorme no sólo para España, sino también para un PSOE que en las últimas semanas parecía haber entendido que el asunto esencial en la política española es ahora y va a ser en los próximos años la cuestión nacional, y que manda ahora un mensaje dramático al electorado aupándose a los hombros de Torra y Puigdemont para llegar al gobierno.
El único coherente ha sido Podemos: los de Iglesias llevan desde hace cuatro años trabajando para destruir el tejido institucional y social que define y sustenta nuestro país, seguros de que sólo un desastre mayúsculo puede llevarlos al poder. La crisis que podría abrirse ahora podría ser esa debacle, es cierto, pero si esa coherencia es innegable no lo es menos que a ellos, como a todos los demás, les dan igual el futuro y los ciudadanos de una España que, hoy más que nunca, parece abandonada por su clase dirigente.