Las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco del próximo día 21, junto a las que celebrará Cataluña apenas un mes después, suponen el mayor reto a que ha debido enfrentarse España en su historia reciente para preservar su unidad. La nación más antigua de Europa puede sufrir en el futuro inmediato el destino que la Historia reserva a los países creados artificialmente tras un cataclismo bélico y acabar desgajándose en miniestados insolventes, a poco que los nacionalismos identitarios cumplan sus amenazas y los partidos nacionales sigan haciendo dejación de sus funciones, como el PP, o colaborando directamente a la destrucción del país, como hace el PSOE.
La situación, ahora mismo, es la de dos regiones, País Vasco y Cataluña, en las que las formaciones nacionalistas, virtuales ganadoras de los comicios, ya han decidido por su cuenta que el orden constitucional es irrelevante y que a partir de la formación de los nuevos Gobiernos autonómicos pondrán en marcha sendos procesos para la secesión.
En el caso del País Vasco, las encuestas ofrecen un panorama desolador para el día después de las elecciones. Por primera vez, las fuerzas nacionalistas acapararían dos tercios de la Cámara autonómica. Es fácil suponer cuáles serán las prioridades del nuevo Gobierno nacionalista vasco si tuviera el respaldo de los proetarras.
Por su parte, las fuerzas sedicentemente constitucionales, PP y PSOE, se enfrentan a unos resultados que seguramente empeorarán sus expectativas menos halagüeñas. Recibirán de esta forma el cumplido pago de los ciudadanos a su trayectoria reciente, en que ambos, el PSOE con menor disimulo que el PP, han preferido dar por buena la aberración de que una banda terrorista pueda arbitrar la política de un territorio por el mero haber dejado coyunturalmente de cometer asesinatos.
Cualquier catástrofe electoral para PSOE y PP en Cataluña y el País Vasco, por merecida, no debería extrañar ni preocupar al resto de españoles, si contáramos con un Gobierno capaz de actuar con la contundencia que la Carta Magna le permite para sofocar sediciones o rebeldías. Sin embargo, al Gobierno de Rajoy parece preocuparle muy poco esta ofensiva secesionista en dos de las principales regiones del país, porque lo importante, dicen el presidente y sus ministros, es la economía.
En efecto, la crisis económica tiene la gravedad suficiente como para que la clase política se vuelque en solucionarla. Ahora bien, dado que los nacionalismos vasco y catalán pretenden utilizar estos momentos de dificultad para alcanzar sus aspiraciones ilegítimas, el Gobierno tiene la obligación de aquilatar su régimen de prioridades para dar cumplida respuesta a un desafío que va mucho más allá de la mera coyuntura económica.
De las crisis económicas se sale. De procesos arbitrarios dedicados a destruir una nación milenaria, quizá no, o seguramente muy mal. Ojalá el Gobierno de España comience a tener en cuenta esta vital distinción. Antes de que sea demasiado tarde.