Todos sabemos cuáles son las costumbres del PSOE cuando pone las manos en el sector audiovisual. Todo para los amigos, nada para los demás. Entre otras hazañas está la legalización del antenicidio o la concesión de cadenas a sus amigos, en ocasiones incumpliendo las propias reglas que se había marcado. Así, es lógico y hasta obligado que la nueva ley audiovisual sea recibida con desconfianza, especialmente si las principales características de su aprobación en el Congreso han sido la falta de consenso y las prisas para tramitarlo.
En concreto, entre todas las medidas añadidas a última hora destaca la propuesta de Coalición Canaria, que promueve la elaboración de un mapa con todas las radios que emiten con licencia en frecuencia modulada para después poder cerrar por vía administrativa las que no estén incluidas en el mismo.
A primera vista, puede parecer razonable. Las licencias se dispensan para que no se sature el espectro radioeléctrico, que es un bien escaso, y evitar que unas radios ocupen la frecuencia de otras, impidiéndoles emitir. Para que este esquema funcione, aquellos que emitan sin licencia deben dejar de hacerlo.
Sin embargo, examinado más de cerca las contradicciones empiezan a florecer. Si hay más de 3.000 radios emitiendo ilegalmente es que el espectro está muy lejos de saturarse con las licencias que los políticos han tenido a bien conceder a lo largo de los años. Además, parece claro que hay proyectos radiofónicos de todo tipo que resultan rentables y no ocupan el espacio que ha sido otorgado legalmente a otros. ¿Por qué cerrarlos, entonces?
La respuesta que los distintos gobiernos, central y autonómico, y quienes los ocupan no están interesados en que el espacio radioeléctrico sea aprovechado al máximo en beneficio de los consumidores. La radio es un poderoso medio de comunicación, con una gran capacidad de influencia entre sus oyentes. Controlar y someter las voces que emiten en las ondas es una prioridad política de primera magnitud. De ahí que sólo se concedan licencias con cuentagotas y a amigos de los poderes políticos. Permitir el cierre administrativo de las miles de emisoras sin licencia no hará sino permitir a los gobiernos quitarse de encima a quienes los molesten, destruyendo empleos y proyectos empresariales en algunos casos muy sólidos, además de ahogar la libertad de expresión.
El sistema de licencias implantado en España permite que cadenas de radio con muy poca audiencia dispongan de numerosas licencias por toda la geografía mientras otras que el público está deseando escuchar no pueden emitir más que en unos pocos lugares. Y es que precisamente porque el espectro radioeléctrico es escaso es por lo que debería existir un sistema más enfocado a la propiedad privada para su aprovechamiento. La propiedad tiene sentido de hecho cuando de bienes escasos se trata. Que sea el Estado quien los distribuya tiene un nombre: socialismo.
¿Cómo podría estar organizado un sistema más libre y eficaz? Si no se quiere abandonar del todo el control administrativo, podrían concederse licencias de forma más automática y menos arbitraria simplemente con cumplir una serie de requisitos, como contar con un capital mínimo no muy alto y dependiente de la región sobre la que se emitiría, la creación de una serie de empleos, etc., disponiendo de mecanismos para retirar el permiso a quienes abandonen la emisión. Otra vía podría ser la privatización del espectro, concediendo títulos de propiedad a quienes ahora tienen licencias y otorgando las demás a quienes las soliciten, organizando subastas en caso de que haya más de un pretendiente.
Pero como en tantas otras cosas, resulta difícil tener esperanza en que se opte por un sistema más racional y menos controlado. El principal partido de la oposición, cuando llegó al poder, no cumplió la sentencia que declaraba ilegal el antenicidio. Ahora, ante esta ley que ha criticado duramente, ha decidido abstenerse. Haría mejor en proponer un sistema más libre, justo y acorde con lo que desean sus votantes.