No por previsible ni lógica, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de rechazar por unanimidad el recurso que Batasuna interpuso contra su ilegalización deja de ser una espléndida noticia para los amantes de la libertad, en general, y para los españoles muy en particular. Desde que los principales partidos de nuestro país reconocieron la anomalía democrática que suponía que el Estado español permitiera la representación política y la subvención pública a formaciones políticas que forman parte de un entramado terrorista, no han faltado quienes desde el papanatismo miope o el nacionalismo cómplice han cuestionado la legalidad y legitimidad de la Ley de Partidos y la consiguiente ilegalización de estos voceros del terrorismo. Pero, como bien acaba de señalar la Corte de Estrasburgo, "un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias normas de la democracia o que conduce a la destrucción de la misma, así como a ignorar los derechos y las libertades que ésta reconoce, no puede prevalerse de la protección de la Convención contra las sanciones impuestas por estos motivos".
Dentro de la buena acogida que el Gobierno ha dado a esta noticia, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha manifestado que "una vez que el Tribunal de Estrasburgo ha dado por buena la Ley de Partidos, sí debemos concluir con una visión de futuro y es que en nuestro país, en España, no habrá en las instituciones democráticas partidos que defiendan la violencia. Nunca más". Ciertamente para que esa "visión de futuro" se haga realidad debemos recordar que en un pasado nada lejano los nacionalistas no fueron los únicos en ningunear esta Ley de Partidos que ahora respalda Estrasburgo. Y es que, a pesar de estar supuestamente en vigor, la negociación que el Gobierno de Zapatero mantuvo con la dirección de ETA –o la que mantuvo el PSE con Patxi López a la cabeza con Batasuna–, fue una clara violación de la letra y del espíritu de la Ley de Partidos; como también lo fue su bochornosa condescendencia a que los proetarras del PCTV y ANV tomaran el relevo; como también lo fue llevar la interlocución con ETA al Parlamento Europeo, o como también lo fue que el fiscal general del Estado equiparara por aquel entonces la Ley de Partidos con un "Guantánamo electoral". No hay que olvidar, por otra parte, que al día de hoy, y aunque esté ilegalizado su partido, los proetarras de ANV siguen estando en numerosos ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Eso, por no hablar de la condición de legales de la que todavía gozan los proetarras de la Iniciativa Internacionalista de Alfonso Sastre.
Muchos de los que ahora aplauden desde el ámbito político, mediático y judicial la decisión de Estrasburgo, defendían hasta hace nada el "diálogo" con ETA. Bien está que algunos de ellos admitan ahora públicamente su error y que se den cuenta de que la única forma de acabar con ETA está en la fortaleza del Estado de Derecho, en la policía y en la justicia.
Bien está también que el juez Garzón haya llamado a Mayor Oreja para felicitarle y para felicitarse por la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Pero no hay que olvidar que, por importantes golpes judiciales que Garzón haya dado a ETA, este juez respaldó públicamente la "paz sucia" de ZP bajo una premisa tan ajena al espíritu y la letra de la Ley de Partidos como la de que "hay que dialogar hasta con el diablo". Pues, no. Con los terroristas y sus voceros no hay nada que dialogar. Hay que ponerlos fuera de la ley, tal y como señala nuestro ordenamiento jurídico y respalda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es que ahora no se trata de restregar a nadie su pasado, sino de evitar pretéritos errores e infamias precisamente para que el "escenario de futuro" que ahora nos dibuja Rubalcaba se haga realidad.