El pasado martes, el Congreso de los Diputados rechazaba una proposición no de ley de Rosa Díez, apoyada por el Partido Popular, donde se instaba al Gobierno a iniciar el proceso de disolución de los 42 ayuntamientos gobernados por ANV. En realidad, simplemente se reclamaba al Ejecutivo que aplicara la ley, concretamente, el art. 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, donde se establece claramente la posibilidad de disolver aquellos consistorios "que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".
En efecto, después de que el Tribunal Supremo declarara que ANV forma parte de ETA y procediera a ilegalizar esa tapadera denominada partido político, pocas dudas podían quedar de que los ayuntamientos gobernados por el brazo de un grupo terrorista justificaban, como contempla el artículo 61, esa estrategia criminal que los define.
El portavoz del PSOE en el debate de la proposición de UPyD, Antonio Hernando, se negó a apoyar la aplicación de la ley, alegando que el PSE tenía pensado ir, ayuntamiento por ayuntamiento, planteando mociones de censura para expulsar del poder a los ediles de ANV.
Es bastante probable esta treta no fuera más que una manera de subvencionarle indirectamente la campaña electoral a Patxi López, por cuanto le permitía mostrar su lado más comprensivo con el nacionalismo al tiempo que exhibía diariamente su firmeza contra el terrorismo. Dicho de otra manera, el PSOE puso el Estado de derecho por detrás de sus intereses electorales; sin duda, nada nuevo bajo el sol, en especial por lo que se refiere a la lucha antiterrorista.
La estrategia municipalista contra ANV que defienden los socialistas, sin embargo, no parece estar dando unos grandes resultados. Ayer mismo, el consistorio de Pajares (Guipúzcoa), gobernado por ANV, sacó adelante una moción en apoyo a Julen Etxaniz, uno de los etarras recientemente detenidos por la Guardia Civil.
¿Pero acaso cuenta ANV con mayoría absoluta como para aprobar tan vergonzosa moción? En realidad, 10 de los 17 ediles del Ayuntamiento se oponían a ella; el único problema fue que los cinco del PSE se "ausentaron" de la votación. Resultado final: siete votos de ANV a favor, 5 votos de la oposición en contra y cinco incomparecencias socialistas.
Si esta es la manera en que el PSE pretende expulsar a ANV de los ayuntamientos, probablemente sigan allí hasta, al menos, las próximas elecciones vascas; momento en que, tal vez, la táctica pose socialista de inaplicación del art. 61 se modifique. Hasta entonces, sin embargo, los etarras seguirán disponiendo de abundante financiación e información para seguir cometiendo sus crímenes, como ilustra el atentado de Azpeitia.
Pero, sobre todo, la cuestión de fondo es qué más hace falta para que el Gobierno se decida, de una vez, a aplicar el art. 61. Si la exaltación de un terrorista no es "una muestra de apoyo al terrorismo", entonces más convendría no haber aprobado nunca este artículo porque, salvo en Marbella, no parece que ningún caso real pueda ajustarse al enunciado jurídico. Pero claro, el verdadero problema nunca ha sido que el supuesto de hecho no se encuadrara en la ley, sino que no existe al voluntad política para utilizar todos los instrumentos del Estado de derecho para combatir el terrorismo. Y un Estado que hace dejación de su principal responsabilidad (defender las vidas y las propiedades de sus ciudadanos) deja de ser una democracia y pasa a convertirse en un régimen de mafias territorializadas.