El empresario guipuzcoano Ignacio Uría es la cuarta víctima de la ETA en un año en el que la banda terrorista ha vuelto a consolidarse en su actividad criminal tras la tregua-trampa de 2006 y 2007. De hecho, acaba de cumplirse un año del asesinato en Capbretón de los agentes de la Guardia Civil Raúl Centeno y Fernando Trapero en lo que constituyó el comienzo de la nueva etapa post-negociación con el Gobierno Zapatero. Nada ha cambiado. Uría ha sido asesinado cobardemente a tiros cuando se dirigía a un restaurante de Azpeitia. En su contra jugaba la regularidad de su vida cotidiana y el no llevar escolta. Circunstancias aprovechadas habitualmente por los matarifes de la ETA para perpetrar sus crímenes minimizando el riesgo.
La elección de la víctima no ha sido casual. Ignacio Uría es el responsable de una de las empresas que están construyendo el trazado para el tren de alta velocidad en el País Vasco. Una obra difícil, que se enfrenta con la complicada orografía de la región y en la que se lleva años trabajando. Cuando esté terminada, conectará las tres capitales vascas con la red de alta velocidad española. Madrid, por ejemplo, quedará a sólo dos horas y cuarto de San Sebastián y a unas dos horas de Bilbao. Esta es la razón principal por la que la izquierda abertzale se opone enérgicamente a la construcción de una vía de comunicación que será muy beneficiosa para el País Vasco y, por descontado, para España en su conjunto.
La campaña contra las obras del AVE en el País Vasco viene de lejos y, como en el caso de Lemóniz, Leizarán o Itoiz, se escuda bajo un falso pretexto ecologista. El entorno etarra está completamente volcado con el tema y las manifestaciones y acampadas contra las obras son continuas. Su brazo armado, la ETA, hostiga a los constructores y era sólo cuestión de tiempo que se cobrase su primera víctima; señal de que estas obras son de alto riesgo y así deben ser tomadas por el Gobierno. Sería inaceptable que se repitiesen trágicos episodios del pasado, como el de la construcción de la Central de Lemóniz, que costó la vida a cinco personas y ocasionó decenas de atentados.
La muerte de Uría ha vuelto a sacar a la luz una realidad triste y absurda con la que conviven cada día miles de vascos. En Azpeitia gobierna, en coalición con Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, Acción Nacionalista Vasca, un partido que debería ser ilegal, que no ha condenado el atentado y que manda en la localidad gracias a la interesada miopía del Gobierno en las municipales del año pasado. De aquellos años de infamia política vienen estos días de dolor. Ni Conde Pumpido, ni Bermejo, ni Zapatero se sienten concernidos por esto, pero deberían estarlo, al menos para que ANV no pueda volver a presentarse a unas elecciones. Los socios de Gobierno en Azpeitia, por su parte, tienen la obligación moral de romper inmediatamente su alianza municipal con ANV. Si no lo hacen se convirtirán en cómplices de una formación política cuya legitimidad democrática era más que dudosa hace un año y abiertamente criminal hoy. Sirva de aviso para quienes tomaron a los proetarras como un interlocutor válido mientras criminalizaban a partidos plenamente democráticos como el PP.