La presentación el sábado en Bilbao de la plataforma "Democracia tres millones" pone fin a las especulaciones sobre la posibilidad de que el entorno pro-etarra optase por no concurrir a las elecciones al Parlamento Vasco del 1 de marzo. Con esta iniciativa, en la que figuran destacados miembros de las ilegalizadas HB y ANV, los terroristas y quienes los apoyan afirman su intención de seguir usando las instituciones democráticas para proseguir su campaña de crímenes e intimidación.
Esta vez la modalidad escogida por los que siguen sin condenar los asesinatos de ETA es la agrupación de electores, que requiere las firmas del 1% del censo electoral certificadas por los ayuntamientos. Así, la nueva plataforma comenzará sus actividades exigiendo a los electores que estampen su firma a su favor o se atengan a las consecuencias, un hecho gravísimo especialmente en aquellas localidades donde la complacencia de PNV, EA e IU posibilita que sigan siendo gobernadas por representantes de ANV.
Sin embargo, existe una posibilidad de que esta burla a la democracia sea evitada a tiempo. El artículo 44.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General estipula que "no podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento, de las personas que los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión".
Por tanto, y dada la membresía en partidos ilegalizados y que además apoyan la violencia de al menos 6 de los 15 promotores de la mal llamada "Democracia tres millones", urge que la investigación iniciada el viernes por los cuerpos de seguridad del Estado y la fiscalía de la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía General del Estado se lleve a cabo con la mayor celeridad posible y con la plena cooperación del Gobierno autónomo vasco. Asimismo, el Ministerio del Interior debe poner a disposición de los investigadores todos los medios que precisen a fin de que este nuevo ataque contra la vida y la libertad sea contrarrestado como se merece.
Tras varios meses de declaraciones vagas y contradictorias por parte de José Luis Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba, ha llegado el momento de la verdad. En 2007, la pasividad de los socialistas hizo posible que los pro-etarras accediesen a financiación pública y a los mecanismos de control sobre la población que se derivan de su presencia en numerosos ayuntamientos vascos y navarros. La reiteración de este comportamiento dos años después resultaría intolerable no sólo a los cientos de miles de vascos que día a día soportan la amenaza terrorista, sino también a la inmensa mayoría de los españoles. De momento, su candidato a lehendakari, Patxi López, se ha limitado a lanzar un vago mensaje de cambio cuyos contenidos continúan siendo desconocidos. En los próximos días, los socialistas tienen una oportunidad inmejorable para explicar a la ciudadanía en qué consiste ese cambio, y si este será a mejor o a peor.