La traición de seis miembros del Tribunal Constitucional –es decir, del Gobierno– a la Nación se ha consumado este sábado con la toma de posesión de los concejales de Bildu, la marca blanca de ETA. La banda terrorista continúa de este modo instalada en las instituciones –donde ya estaba merced a la inaplicación socialista de la Ley de Bases de Régimen Local en contra de ANV–, pero a partir de ahora lo hará con más poder que nunca, tal como ilustra el hecho de que haya tomado el mando de la capital de una de las tres provincias forales.
La situación es desoladora, no sólo porque de nuevo ETA va a contar con una plataforma para financiarse, conseguir información sobre sus potenciales víctimas y continuar con su labor propagandística; también lo es porque millares de ciudadanos pasarán a vivir bajo la bota de consistorios pro-etarras, que ya se han afanado en retirar las banderas españolas para mostrar cuáles son sus intenciones. Pero, sobre todo, lo es porque esta catástrofe podría haberse evitado si simplemente el Partido Socialista no hubiese presionado a sus jueces del Constitucional para que sobrepasaran sus competencias y enmendaran la plana al Supremo.
Al fin y al cabo, el desarrollo natural de los acontecimientos, desde la policía a los jueces, estaba conduciendo a la ilegalización de Bildu, esa coalición de tres partidos cuya pieza esencial son los restos de Batasuna. Sus conexiones con ETA estaban bien asentadas, tanto que el PSOE tuvo que intervenir en el Constitucional para garantizar que la banda terrorista estuviera en las elecciones y, de este modo, salvar un proceso de rendición ante los pistoleros que, todavía hoy, sigue abierto.
En este sentido, conviene recordar la línea roja que el propio PP se encargó de trazar hace tres años: que ETA permaneciera en los ayuntamientos iba a ser la señal inequívoca de que las conversaciones entre el Ejecutivo y la banda seguían produciéndose, por lo que se impondría un giro de 180 grados en su acomodaticia política antiterrorista. Ese momento ha llegado: con los criminales copando las instituciones, España necesita más que nunca una Oposición de verdad que se enfrente al desmantelamiento de su Estado de Derecho. La marea azul que recubre todo nuestro territorio no puede olvidarse de lo que está pasando en el País Vasco.