Tras prestar oídos sordos a los informes policiales que indicaban que tras el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) se escondía Batasuna, en las últimas 48 horas se ha producido un aparente cambio de actitud tanto del Gobierno como de su juez favorito, el otrora azote de ETA Baltasar Garzón.
El viernes, el juez de la Audiencia Nacional daba a conocer la presunta colonización de la denominada “izquierda abertzale” por ETA a través de una militante de Batasuna. La noticia no es nueva, pues existen datos anteriores que demuestran la vinculación de varios miembros de la banda terrorista con PCTV y ANV.
Por otra parte, el uso por parte del juez del término “colonización” para describir la relación entre estos partidos y ETA parece un sarcasmo o una broma de mal gusto. El hecho de que un miembro de la mesa nacional de Batasuna esté a sueldo de PCTV y que ANV le rinda cuentas no se puede calificar sino de sumisión y dependencia, las mismas que existen entre la otrora legal Batasuna y la banda terrorista. La insistencia de Garzón en eximir a estas organizaciones políticas de cualquier contaminación de origen sólo puede obedecer a la ignorancia, hipótesis harto improbable, o al intento de salvaguardar su legalidad a la espera de lo que decida el Gobierno.
A la extrañeza que producen las contradicciones e incoherencias de Garzón hay que sumar la engañosa afirmación hecha ayer por el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en pocas horas ha pasado de referirse respetuosamente a la “izquierda abertzale” a indicar que el Gobierno no consentirá que ETA “tenga en una mano la pistola y en otra la política”. Una aseveración que no pasa de la pura retórica, pues no parece que se vaya a traducir en medidas concretas destinadas a poner fin a situaciones como la denunciada por el juez de la Audiencia Nacional el día anterior.
Mientras tanto, los proetarras han iniciado una nueva campaña de provocaciones al estado de Derecho con el encadenamiento de cinco prófugos de ETA a la sede del PNV en Bilbao y el encierro de varias personas nada menos que en la catedral de San Sebastián. Unos hechos gravísimos a los que Rubalcaba debería reaccionar de forma clara, rotunda y convincente, si es que pretende que la ciudadanía tome sus palabras como algo más que una nueva muestra de simulación e impostura.
A tres semanas de la disolución de las Cortes y bajo la amenaza cierta de nuevos atentados de ETA, el Gobierno y sus jueces afines continúan jugando a la indefinición, la doblez y al más burdo travestismo político, consistente en decir una cosa hoy y la contraria mañana, y hacer siempre lo mismo, en este caso nada. No parece probable que de aquí a las elecciones generales oigamos hablar de la izquierda aberzale, o que Paxti López se descuelgue con nuevas declaraciones defendiendo el diálogo con los terroristas como el único camino hacia la paz y la libertad. Tal vez el azar produzca nuevas detenciones de terroristas coincidiendo con la convocatoria de elecciones o la celebración de los debates entre el líder del PSOE y Mariano Rajoy. Incluso sería posible que el Fiscal General del Estado incoara proceso de ilegalización contra los brazos políticos de ETA, algo que no implica necesariamente que no puedan presentarse a las elecciones.
Farsas y sombras chinescas aparte, lo único cierto es que Rodríguez Zapatero y los suyos actúan como si la democracia española estuviera en deuda con los terroristas, y no lo contrario. El macabro baile de máscaras del Presidente del Gobierno con los máximos enemigos de la libertad debe terminar. Y si no, que al menos no se prolongue más allá del nueve de marzo.
