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EDITORIAL

Fuerte con los hosteleros, débil con los terroristas

Aquí se puede cometer cualquier tropelía, siempre que vaya en detrimento de la unidad de la nación o la dignidad de sus instituciones, pero en el que no se admiten discrepancias en la aplicación exhaustiva de la agenda política de la izquierda.

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La ley antitabaco impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que prohíbe a los hosteleros determinados comportamientos legítimos en su propiedad privada, ya ha comenzado a dar sus primeros frutos tal y como se esperaba desde que se puso en marcha a comienzos de este año. Para evaluar el beneficio proporcionado a la salud colectiva de los españoles habrá que esperar al menos una década, pero hoy ya sabemos que el sector de la hostelería española ha perdido en torno a una quinta parte de sus ingresos, una mala noticia en todo momento, pero especialmente sangrante cuando se produce en el contexto de una crisis económica devastadora como la que padecemos, agravada precisamente por la incuria del mismo Gobierno responsable de esta norma coercitiva, innecesaria e injusta.

Pero es que además, la saña con que el Estado está actuando contra los propietarios de restaurantes que se niegan a que el Gobierno les diga cómo administrar su negocio en lo que al consumo del tabaco se refiere, contrasta notablemente con la laxitud de la que esos mismos poderes públicos hacen gala cuando se trata de hacer cumplir también la ley en asuntos mucho más graves. En España hay terroristas convictos, confesos, juzgados y condenados que deambulan tranquilamente por las calles sin acabar de cumplir sus condenas, otros andan preparando la reentrada de una nueva marca política en las instituciones democráticas y otros más esperan tranquilamente en sus cómodos exilios a volver sin que, al parecer, nadie les moleste. En cambio, si usted tiene un bar, una cafetería o un restaurante y decide, de acuerdo a los deseos de sus clientes, permitir en su interior el consumo de una sustancia legal , la autoridad gubernativa hará todos los esfuerzos para impedírselo, llegando incluso a decretar el cierre de su negocio.

Se podrá argumentar que el deber del Gobierno es hacer cumplir las leyes una vez entran en vigor, sin tener en cuenta la polémica social que entrañe su contenido. Es cierto; como también lo es que ese mismo Gobierno, tan escrupuloso en la persecución de los hosteleros rebeldes, consiente al gobierno nacionalista catalán, -por cierto, un órgano estatal al que cabe exigir mayor diligencia que a un particular-, no ya el incumplimiento de una ley como la que establece el reparto de contenidos educativos en las dos lenguas oficiales en la enseñanza pública, sino las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo en ese mismo sentido a las que los responsables autonómicos ya han dicho públicamente no van a hacer el menor caso.

Vivimos en un país en el que se puede cometer cualquier tropelía, siempre que vaya en detrimento de la unidad de la nación o la dignidad de sus instituciones, pero en el que no se admiten discrepancias en la aplicación exhaustiva de la agenda política de la izquierda. En otras palabras, España. La España de Zapatero.


 

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