Entre el catálogo de promesas reformistas con el que el Partido Popular se presentó a las pasadas elecciones generales, ninguna era tan vital como la relativa al Poder Judicial. La situación agónica en que los socialistas dejaron al país hacía perentoria una transformación radical de nuestros sistemas laboral, productivo y financiero, pero por encima de esas exigencias coyunturales se encuentra la necesidad de una Justicia independiente como garantía de funcionamiento de un verdadero Estado de Derecho.
Al poco de llegar al Ministerio de Justicia, Gallardón sorprendió a todos expresando su determinación de reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para volver al mandato constitucional que exige la designación de doce de sus miembros por y entre los magistrados y jueces de la carrera judicial. Es cierto que junto a esta decisión aparentemente firme Gallardón añadió su deseo de llegar a un consenso con el resto de fuerzas políticas, lo que introdujo serias dudas de que la reforma llegara a buen puerto dada la abierta oposición de los socialistas a dejar de mangonear en la Justicia.
Finalmente los peores presagios se han confirmado con la propuesta de reforma del Poder Judicial presentada por Gallardón en el Consejo de Ministros de este viernes, que deja todo tal y como estaba más allá de algunas modificaciones procedimentales de muy escasa entidad. La justificación del ministro de Justicia para no sacar a los partidos del sistema de elección de vocales del CGPJ como prometió no puede resultar más insultante para cualquier inteligencia: aludió a que las organizaciones de jueces pueden ser igualmente tendenciosas, con lo que el problema original seguiría existiendo. Es decir, como no hay una garantía absoluta de que la equidad impere en el modelo que exige la Constitución, el ministro mantiene la perversión actual de una Justicia al servicio del poder político que tan graves consecuencias ha acarreado desde la reforma perpetrada por el PSOE en 1985.
Gallardón ha convertido su proyecto estrella de reforma del Poder Judicial en una enorme chapuza, que cercena definitivamente las esperanzas de que en España haya una separación efectiva de poderes, con una Justicia despolitizada. No contento con esta traición a su propia palabra y a la de su partido, el Ministro de Justicia se muestra dispuesto a pactar con los socialistas las principales novedades introducidas en la norma. A la vista de la trayectoria de uno y otros, no sería de extrañar que la Justicia en España quede todavía más politizada de lo que ya lo está en cuanto el Parlamento dé luz verde a este despropósito normativo obra de Alberto Ruíz Gallardón.