No por repetirlo, la sabiduría de la frase se desgasta: "El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente", decía Lord Acton. No es de extrañar, pues, que tras casi 25 años de pujolismo al frente de la Generalitat y varios más de socialismo al frente del Ayuntamiento de Santa Coloma, la corrupción sea un fenómeno que necesariamente tenía que emerger; en especial, si añadimos a la ecuación la particular impunidad con la que creen que cuentan los nacionalistas como dueños de las esencias nacionales.
Ya había quedado claro que de los políticos que trocaron el 3% por el Estatut no cabía esperar ninguna gestión escrupulosa de los recursos públicos. En este caso, uno de los numerosos sumarios de Garzón que aguardan el momento adecuado para embestir contra cualquiera de sus objetivos políticos, se ha empleado no ya para purgar a un miembro del "sector crítico" del PSC, sino sobre todo para golpear al núcleo duro de Convergència i Unió.
Al fin y al cabo, la detención de Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma por el PSC desde 2002, de su concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco Touriño, y del director gerente de la alcaldía, Pascual Vela, por blanqueo de dinero, cohecho y tráfico de influencias, se produce en un momento en el que Muñoz había caído en desgracia dentro de la organización catalana.
Muñoz accedió a la Alcaldía en 2002 en sustitución de Manuela de Madre, quien justificó retirarse por padecer fibromialgia, y durante su etapa de gobierno mantuvo un conocido enfrentamiento con el propio marido de Manuela de Madre, Antoni Fogué. Sin embargo, la amistad que mantenía Muñoz con Montilla y con José Zaragoza, secretario de Organización del PSC, le permitió mantenerse no sólo en el Ayuntamiento de Santa Coloma sino también en la vicepresidencia de la Diputación de Barcelona.
Sin embargo, Muñoz rompió sus buenas relaciones con la dirección del PSC cuando Celestino Corbacho fue trasladado desde la presidencia de la Diputación al frente del Ministerio de Trabajo y fue Fogué, y no Muñoz, quien heredó su cargo. En ese momento, Muñoz pasó a ubicarse en el sector crítico del PSC al enfrentarse con Montilla y Zaragoza: no es de extrañar, pues, la rapidez y las pocas dudas con las que el PSC lo ha decapitado.
Pero las actuaciones de Garzón no van especialmente dirigidas a atacar al PSC y así aparentar una falsa pluralidad en su lucha contra la corrupción política, sino que supone un auténtico misil a la línea de flotación de CiU. Los dos nacionalistas detenidos, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, no han sido dos actores secundarios dentro del pujolismo o incluso dentro del arturismo. El primero ocupó, entre otros cargos, el puesto de conseller de Economía y Finanzas hasta que Artur Mas, ya investido como delfín oficial, lo sustituyó; el segundo, además de haber colocado a Mas al frente de su empresa familiar Tipel en 1988 cuando no pasaba de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, fue el número dos de Pujol hasta 1990. Ambos poseen un currículum profesional en el que a poco que se escarbe no dejan de aparecer trapos sucios, incluso con nombres propios como Estivill o De la Rosa. No en vano, los dos integraban, junto al primogénito de Pujol lo que se vino a llamar como "el sector negocios" de CiU.
No queda muy claro cuál es el objetivo de Garzón con estas detenciones. Desde luego, sí no tuviese ninguna agenda oculta, sería una de las pocas veces en las que el magistrado busca impartir justicia y no obtener algún rédito mediático y político. Lo que está claro, sin embargo, es algo que sólo los más fanáticos nacionalistas que confunden interesadamente la persecución de la corrupción con la persecución de Cataluña negaban hasta la fecha: que el oasis nacionalista y socialista está lleno de una basura que sólo está comenzando a aflorar.