La Consejería de Justicia del Gobierno regional de Cataluña, en manos de ERC, ha aprobado la concesión del tercer grado para los condenados por la jornada golpista del 1 de octubre de 2017. Los nueve delincuentes solo irán a la prisión para pernoctar entre semana, y ello si el Ejecutivo del igualmente golpista Quim Torra no decide aliviarles también el trámite para que no vuelvan a pisar la cárcel durante lo que les resta de condena.
La transferencia de las competencias penitenciarias a una institución como la Generalidad de Cataluña, abiertamente fuera de la ley, permitirá que unos delincuentes condenados en firme por muy graves delitos contra el orden constitucional sean excarcelados sin haber cumplido una mínima parte de sus condenas.
Ya resultó escandaloso que los capos de la jornada golpista del 1-O no fueran condenados de acuerdo a la gravedad de los delitos perpetrados. El ominoso desempeño de la corrupta por servil Abogacía del Estado y unos magistrados que de manera escandalosa evitaron condenar por rebelión a los clamorosos rebeldes produjeron unas penas irrisorias. Pues bien, como era de temer, ni siquiera ese castigo apaciguador van a cumplir.
Quim Torra, golpista en ejercicio que desprecia las sentencias de los tribunales cuando le viene en gana, ha revocado a efectos prácticos la condena de sus compinches, dejando prácticamente sin efecto la sentencia del Supremo. Ahora ya solo queda esperar el recurso de la Fiscalía; pero lo más probable es que esa espera no haga sino producir una mayor frustración y escarnio, habida cuenta de quién maneja el Ministerio Fiscal y de la relación de dependencia que mantiene Pedro Sánchez con los separatistas catalanes.
Qué barato sale atentar contra el orden constitucional. Qué manera de incitar a los golpistas a que sigan apretando. España está a merced de sus enemigos declarados.