El Gobierno socialista no ha esperado mucho para dar un nuevo paso en pos del control del poder judicial, el único que aún no domina por completo. Cándido Conde Pumpido ha dado instrucciones a los fiscales –que, recordemos, han de atenerse al principio de dependencia jerárquica– para que ordenen actuaciones policiales aunque el caso se encuentre en manos de un juez. Una orden que no sólo contradice las leyes vigentes, sino que abre un peligroso camino hacia la politización completa de la jurisdicción penal.
Si nuestra democracia ya padecía desde el principio de una incorrecta separación entre los poderes legislativo y ejecutivo, pues el titular de este último es elegido por el parlamento, se establecía una cierta salvaguarda en la independencia del judicial. Sin embargo, ya en el primer Gobierno del PSOE se procuró enterrar a Montesquieu otorgando al Congreso la potestad de escoger a los magistrados del CGPJ, el "Gobiernos de los jueces". Desde entonces se han cometido muchas otras tropelías contra la independencia del poder judicial; este último atropello de Conde Pumpido no es sino la última de ellas.
La instrucción dada por el Fiscal General del Gobierno contradice abiertamente varios preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que especifican que corresponde al juez la tarea de instruir el sumario y que los fiscales tienen la obligación de cesar cualquier investigación en cuanto un juez se haga cargo de ella. Además, al quebrantar el derecho a la defensa, las pruebas que pudieran obtenerse de ese modo serían previsiblemente declaradas nulas por los tribunales. En resumidas cuentas, la última de Conde Pumpido parece que tendrá enfrente a la judicatura, pero indica muy bien por dónde van los tiros de esta nueva legislatura en lo que a Justicia se refiere.
Ya hemos visto en estos últimos cuatro años, por ejemplo, cómo la Fiscalía Anticorrupción ha centrado su labor de forma casi exclusiva en las comunidades gobernadas por el PP, con acusaciones y detenciones conocidas antes por la prensa amiga que por los propios interesados, mientras se procuraba paralizar la investigación de casos que afectaran a los socialistas, como el de Ciempozuelos. Da miedo pensar lo que podría suceder si encima tuvieran la facultad de hacer una investigación paralela a la del juez.
Pero, sobre todo, si pese a que las leyes indican explícitamente que han de ser los jueces quienes instruyan los casos de forma exclusiva los socialistas han dado este paso, seguramente será porque piensan llegar mucho más lejos, quién sabe si hasta el extremo de eliminar la figura del juez instructor y otorgarle sus funciones a los fiscales, que dependen jerárquicamente de un cargo político, nombrado a dedo por el Gobierno de turno. La experiencia de todas las legislaturas en las que el PSOE ha gobernado justifica todos los temores.
