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EDITORIAL

Hay que acabar de una vez con la lacra de la 'okupación'

Urge una reforma legal que proteja efectivamente a los propietarios y castigue con dureza a los autores de un delito tan execrable.

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La ocupación ilegal de viviendas hace tiempo que dejó de ser un hecho anecdótico en nuestro país para convertirse en un grave problema social. Una legislación injustificadamente benévola con los que irrumpen en propiedad ajena y el apoyo de la izquierda populista han creado el caldo de cultivo para que los okupas campen a sus anchas.

En España es imposible recuperar la propiedad de un inmueble okupado sin pasar por un largo proceso judicial en el que, en no pocos casos, es el propietario de la vivienda el que sale perjudicado. Esta manga ancha para las mafias que se apropian ilegalmente de inmuebles ajenos está provocando graves problemas de convivencia, como ha denunciado en esRadio el alcalde de Badalona, Xavier Albiol, que se vio obligado a enfrentarse personalmente a unos okupas que tienen atemorizado a todo un barrio de la populosa ciudad barcelonesa.

Acierta Albiol al señalar que la legislación actual prácticamente equipara en derechos a los okupas con los propietarios de las viviendas asaltadas. Esta aberrante situación impide a la fuerza pública expulsar de inmediato a los okupas, que además cuentan con asesoría legal facilitada por organizaciones izquierdistas para eternizar judicialmente un proceso que debería ser instantáneo.

Por su parte, Vox ha presentado sendas iniciativas parlamentarias destinadas a defender el derecho a la propiedad privada y castigar a los okupas con penas de cárcel, en lugar de las inútiles actas de sanciones administrativas, que no hacen sino fomentar este tipo de delitos. Santiago Abascal ha expresado muy gráficamente su opinión sobre el problema de los okupas, con palabras que concitan el apoyo mayoritario de una sociedad desarmada ante estas mafias protegidas por la izquierda.

Pero los líderes izquierdistas, como siempre, se cuidan mucho de que las medidas que impulsan en público les afecten en su vida privada. Así, mientras personajes como Pablo Iglesias fortifican sus mansiones, el partido que dirige promueve la ocupación ilegal de las viviendas de los demás, provocando auténticas aberraciones que en no pocos casos se ceban con las personas más humildes.

Urge una reforma legal que proteja efectivamente a los propietarios y castigue con dureza a los autores de un delito tan execrable. La okupación es una lacra y los políticos que la jalean, unos indeseables indignos de ostentar representación pública alguna.

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