El hecho de que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se jacte de que "estamos ganando la batalla a ETA" tres días después de que la organización terrorista haya colocado tres coches bomba en sólo veinticuatro horas no deja de ser una desfachatez propia de esa gran mascarada que, con la olvidadiza condescendencia del principal partido de la oposición, pretende presentar ahora al gobierno de Zapatero como un implacable perseguidor del terrorismo bajo el imperio de la ley.
Aunque poco haya que añadir al espléndido artículo que el GEES dedica a las declaraciones de Camacho, no querríamos, sin embargo, pasar por alto la disposición favorable a pedir a Francia la ilegalización de Batasuna que Zapatero ha manifestado este jueves a preguntas de los periodistas.
Por conveniente que fuera llevar a cabo esa petición al país vecino, no deja de ser lamentable que el mismo Gobierno que autorizó que socialistas y batasunos aunaran fuerzas en Estrasburgo para lograr la "internacionalización del conflicto" y el respaldo del Parlamento Europeo al diálogo con ETA sea el que pide ahora la ilegalización de Batasuna en suelo francés. ¿No es obligado recordar que la diputada socialista, Gemma Zabaleta, y la abogada de etarras y miembro de la mesa nacional de Batasuna, Jone Goiricelaia, lideraron juntas la plataforma Ahotsak y juntas se dirigieron por carta a los distintos grupos parlamentarios europeos para que respaldaran un proceso de diálogo entre nuestro gobierno y la organización terrorista?
Un Gobierno como el de Zapatero, que ocultó el robo de explosivos que, pocos días después del primer comunicado de tregua, hizo ETA en suelo francés, y que afirmó ese mismo día a través de su secretario de Estado de Comunicación su convicción de que "el alto el fuego es para siempre", carece de toda autoridad moral en sus requerimientos al país vecino. Más aun, si por su condescendencia los proetarras, aun con siglas diferentes, han seguido –y siguen, a título individual– ocupando aquí cargos públicos en el parlamento y los municipios vascos y cobrando del erario público, ¿cómo pedir a Francia que ilegalice a los proetarras, cuando en España los socialistas todavía se niegan a presentar contra ellos mociones de censura?
Por otra parte, gracias al Gobierno de Aznar, hace tiempo que Batasuna está integrada en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Si a eso le añadimos que los proetarras no tienen representación política en el país vecino, el único valor, con ser importante, que tendría su ilegalización allí sería de índole moral. Un compromiso moral, que es, precisamente, el que a nuestro Gobierno le falta.