Hasta la fecha el Gobierno ya ha gastado tres cartuchos muy mediáticos pero escasamente efectivos a la hora de atajar la crisis: la rebaja de 400 euros en el IRPF, el programa de rescate de las entidades de crédito y el Plan E. Ninguno de ellos ha resuelto nada. Con los 400 euros Zapatero pretendía reactivar el consumo, variable que no ha dejado de caer a lo largo de 2008 y 2009. Con la adquisición de activos de bancos y cajas buscaba reactivar el crédito a familias y empresas y la sequedad del mismo no ha dejado de agravarse. Y con el Plan E ambicionaba poner fin al paro y hemos alcanzado las cotas más altas de nuestra historia.
Ante semejante currículum, lo lógico sería que Zapatero se retirara un tiempo a reflexionar sobre qué ha ido mal. Tal vez podría aprovechar las vacaciones para aprender la economía que no llegó a captar en las dos tardes que Jordi Sevilla le prometió. Pero no, el presidente del Gobierno prefiere perseverar en sus errores con un nuevo paquete de medidas estrella supuestamente destinadas a dar el empujón definitivo a nuestra economía: de fracaso en fracaso hasta la victoria final.
Claro que no resulta muy verosímil que las mismas políticas keynesianas que no han dejado de arrojar pésimos resultados una tras otras en nuestro país y en todos aquellos lugares en los que se ha implementado (que le pregunten a Japón con sus dos décadas perdidas) vayan ahora a ser ninguna panacea. Sobre todo cuando el déficit público amenaza con alcanzar el 10% del PIB este año en medio de las cada vez mayores reticencias de los inversores internacionales para adquirir nuestra deuda. Y es que aunque Salgado y Zapatero insistan –contradiciendo al defenestrado Solbes– en que España todavía tiene margen para gastar sin freno, tal extremo resulta cada vez más falso: si en 2007 la deuda pública equivalía al 40% del PIB, a finales de 2009 bien podría cerrar en torno al 60%.
Más endeudamiento público que, aparte de una hipoteca forzosa para nuestros hijos, sólo traerá menos crédito al sector privado. Los economistas denominan a este fenómeno "efecto expulsión" y, desde luego, pueden buscar en España una perfecta ilustración: un cada vez más insolvente sector público está expulsando del escenario a un cada vez más empobrecido sector privado.
Pocos son los que aún cierran sus ojos ante esta realidad, negándose a reconocer el embuste que han supuesto las diferentes iniciativas socialistas. Ayer tuvo que ser el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, quien las cuestionara por su "escasa incidencia en la potenciación del crédito a las empresas o en el mantenimiento del empleo".
Ahora bien, Núñez parece creer que lo relevante para el Gobierno es la eficacia de sus medidas de política económica. En realidad nunca ha sido así; de otro modo debería haber reducido el gasto público y los impuestos en lugar de subirlos, y liberalizar los mercados en lugar de proponer hiperregularlos. Para el Ejecutivo socialista lo esencial es el impacto propagandístico y la rentabilidad electoral de tales medidas, no que mejoren la vida de los españoles.
En otro caso nunca habrían lanzado tales propuestas sin haber sido antes consensuadas con quienes las tenían que aplicar; es decir, no se habrían tenido que aguar dos de las principales medidas en menos de 48 horas. Aparte de los nocivos efectos que, en caso de ser aprobadas, tendrían cada una de ellas, la incompetencia e indefinición del Gobierno añade un elemento más a esta perfecta fórmula para la miseria: la incertidumbre legislativa.
Allí donde los ciudadanos no saben a qué normas atenerse, difícilmente podrán tomar decisiones a largo plazo (que son las necesarias para lograr una economía próspera y en crecimiento). Así, ante la posibilidad de que uno de los conejos que Zapatero se sacó de la chistera en las Cortes –consistente en conceder una ayuda de 2.000 euros para comprar un automóvil– se plasme definitivamente en un cheque contante y sonante, todos los consumidores que tenían pensado adquirir un coche han paralizado sus compras hasta que se aclare el futuro. ¿Consecuencia? Los fabricantes se han visto forzados a ofrecer descuentos aún mayores a los propuestos por el Gobierno para no encontrarse con unos stocks mayores a los que ya venían padeciendo.
Las ideas económicas improvisadas de Zapatero le han embarcado desde 2004, y especialmente desde 2007, en una senda intervencionista que no ha hecho más que agravar la crisis. Si a esa improvisación de ideas le añadimos la improvisación de formas y propuestas –como la exhibida en el Parlamento– sólo podemos obtener un cóctel realmente mortífero para nuestro país. Tal vez por eso, y no tanto por la burbuja inmobiliaria, se espere que nuestra economía sea una de las últimas del mundo en recuperarse. Con Zapatero en La Moncloa, parece que no lo hará nunca.