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EDITORIAL

Indultos a los golpistas: dudosa legalidad de una clamorosa injusticia

Nunca hubo "razones de justicia, equidad y utilidad pública" para conceder los indultos. Sólo hubo y hay conveniencia política de Pedro Sánchez.

Aunque el Tribunal Supremo emitiera hace un año un encomiable y demoledor informe (lamentablemente preceptivo pero no vinculante) contrario a la concesión de cualquier clase de indulto a los golpistas del 1-O, su Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó a principios de este año –por tres votos a dos– los recursos presentados contra los finalmente dictados por el Gobierno aduciendo una supuesta "falta de legitimación" de los recurrentes.

Este martes, sin embargo, esa misma Sala –y también por 3 a 2– ha rectificado su propia decisión y aceptado la admisión a trámite de los recursos presentados por PP, Cs, Vox y Convivencia Cívica Catalana rechazados en enero. Todo parece indicar que tan surrealista espectáculo se debe al cambio en la composición de la Sala tras la salida del magistrado progresista Segundo Menéndez y la llegada de la conservadora Inés Huerta.

En cualquier caso, está por ver que la admisión a trámite de esos recursos –cuya legitimidad no debió ser cuestionada por magistrado alguno– vaya a alterar la cuestión de fondo, que no es otra que la legalidad de la aplicación de los indultos, antigualla jurídica que, en nombre del Rey, promueve el Consejo de Ministros y que constituye en sí misma una suspensión del Derecho Penal.

En este punto conviene recordar la manifiesta injusticia de la ya ejecutada concesión del indulto a los golpistas, individuos que ni estaban al final de sus días ni han dado en ningún momento la menor muestra de arrepentimiento, sino todo lo contrario. Y es que en este caso nunca existieron esas "razones de justicia, equidad y utilidad pública" de las que habla la Ley de 1870 que regula el ejercicio de la gracia de indulto. Lo que existía era pura conveniencia partidista de Pedro Sánchez, pues, como bien señalase el Supremo en su informe no vinculante de 2021, "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia".

Lamentablemente, "hoy por hoy", seguimos en manos de un Gobierno que depende de esos mismos golpistas y sus partido, que, lejos de retractarse, siguen públicamente comprometidos con el procès secesionista. Un Gobierno que sigue defendiendo indultar a sediciosos mientras ataca a Don Juan Carlos por "conductas poco ejemplares". Un Gobierno, social-comunista, rabiosamente liberticida, con el que escandalosamente el principal partido de la oposición parece estar dispuesto negociar la designación política de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial...

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