No constituye ninguna sorpresa que finalmente Irlanda haya tenido que ser rescatada por la Unión Europea. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria que padeció el país como consecuencia de la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, su sistema financiero estaba condenado a quebrar y el Estado irlandés carecía de capacidad real para rescatarlo por cuanto el PIB de toda la economía era 10 veces inferior al tamaño de su banca.
Es probable que gracias a este rescate orquestado, de nuevo, a costa de los contribuyentes más ricos de la UE, los mercados abandonen su desasosiego de los últimos días y vuelvan a tranquilizarse; tal vez vivamos unas semanas o unos meses de injustificada calma, tal como sucedió tras el rescate de Grecia.
Sin embargo, haríamos muy mal en pensar que después de Irlanda, los países europeos ya han despejado todos los nubarrones que se podían presentar en su horizonte. Al contrario, de las preocupantes siglas de los PIIGS sólo dos letras han sido –parcialmente– recapitalizadas por la UE y el FMI. Quedan, por consiguiente, tres: Portugal, Italia y España.
Es muy probable que la economía lusa, esclerotizada por una década de crecimiento nulo y de expansión del Estado merced al déficit público, sea la próxima víctima en caer tras Grecia e Irlanda. El problema es que los bancos españoles tienen una elevada exposición a la deuda pública y privada de nuestro país vecino, de modo que su suspensión de pagos arrastraría a nuestra banca y, cuando nuestro Gobierno tratara de rescatarla añadiendo todavía más deuda a un ya de por sí abultadísimo déficit público, muy probablemente al Estado español.
Podría pensarse que nada de esto tiene por qué resultarnos especialmente problemático, en especial si la posición europea ha sido hasta el momento tan abierta a los rescates. Ahora bien, la cantidad de fondos que requeriría nuestra economía para superar una suspensión de pagos sería de tal calibre –alrededor de 300.000 ó 400.000 millones de euros– que es muy probable que nuestros socios comunitarios nos calificaran como irrescatables y nos dejaran quebrar, con todas las dramáticas consecuencias que ello acarrearía sobre los ahorradores, las empresas y los trabajadores.
Por eso es urgentísimo que el Gobierno acelere el ajuste presupuestario –minorando el déficit público todo cuanto sea posible, incluyendo de manera destacada el déficit público de las autonomías–, reduzca la cuantía de las hoy inasumibles obligaciones financieras con las que carga la Seguridad Social en materia de pensiones, dote de flexibilidad a nuestra economía para generar expectativas de crecimiento futuro (y con él de una mayor recaudación fiscal) y, sobre todo, complete el proceso de consolidación bancaria y privatización de las cajas de ahorros para que nuestras entidades de crédito vean reforzados sus fondos propios.
Sólo si se acometen sin más dilación estas cuatro reformas, nuestra economía podrá evitar un escenario como el griego o el irlandés pero sin la red europea. El Gobierno socialista parece haberse enrocado en el inmovilismo más suicida y la oposición espera impasible a que la crisis tumbe al Ejecutivo. La cuestión es qué país quieren legar a los españoles unos y otros: si un erial o una economía que tras un bache consiguió reponerse de las dificultades.
Si no tuviéramos la peor clase política de nuestra historia, desearíamos un pacto de Estado donde se acordara un plan que girara en torno a los cuatro puntos anteriores. Pero hoy tanto el PSOE como el PP ni tienen la voluntad ni la convicción de pactar nada que vaya en detrimento de su ideología y de sus perspectivas electorales. Sólo nos queda confiar o en la providencia o en la caridad de los alemanes. Por desgracia, a nuestros políticos electos, encargados y remunerados por gestionar la cosa pública, ni están ni se les espera.