La Justicia francesa ha decidido entregar a España a José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, sanguinario dirigente de la banda terrorista ETA. Con independencia de que el criminal disponga de un plazo de tres días para recurrir dicha decisión ante el Tribunal Supremo, y de que la entrega se haya dispuesto por el sumario de la financiación de la organización terrorista a través de las herriko tabernas, sobre Ternera pesan acusaciones muchísimo más graves, como la de ser el inductor de la matanza de la casa cuartel de Zaragoza (1987), donde fueron asesinadas 11 personas –entre ellas cinco niñas– y resultaron heridas 88, dos de las cuales eran mujeres embarazadas, que perdieron a sus hijos.
Ternera sería años después protagonista de uno de los capítulos más silenciados, bochornosos y a todas luces delictivos del infame proceso de paz con la banda terrorista del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que, a pesar de que el artículo 408 del Código Penal tipifica como delito “la omisión del deber de perseguir delitos y a sus responsables”, y a pesar también de que desde 2002 pesaba contra él una orden de busca y captura por la mencionada masacre, el Gobierno de Zapatero no tuvo empacho en hacer caso omiso tanto al citado artículo del CP como a la orden cursada por el Tribunal Supremo. Así lo confesó en su día, tanto en libros como en entrevistas, el entonces presidente del PSE, Josu Eguiguren, quien manifestó haberse reunido en repetidas ocasiones con el terrorista en paradero supuestamente desconocido y, entre café y café, haberle transmitido mensajes del entonces presidente del Gobierno, entre ellos sus disculpas por unas detenciones ordenadas por el entonces juez –quién le ha visto y quién le ve– Fernando Grande-Marlaska.
Ignoramos si esa es la razón por la que años después, y a pensar de la multitud de informaciones periodísticas que ubicaban primero en Noruega y luego en Francia al supuestamente buscado dirigente etarra, ni el Gobierno de Zapatero ni, más tarde, el de Rajoy movieron un dedo por detenerlo y sentarlo en el banquillo.
Así las cosas, habrá que estar alerta para que caiga que sobre este despreciable etarra todo el peso de la ley, para que ninguna enfermedad –como el cáncer que supuestamente padece– sea excusa para prolongar su impunidad y para que no se repitan capítulos tan ominosos como la excarcelación de Ignacio de Juana Chaos, en tiempos de Zapatero, o la de Josu Uribetxeberria Bolinaga, en tiempos de Rajoy. Más aún ahora que Pedro Sánchez lamenta profundamente el suicidio de etarras, mientras su Gobierno busca el apoyo del brazo político de ETA para sacar adelante los Presupuestos.
En cuanto a esta Casa, su compromiso con la memoria, la dignidad y la justicia para con las víctimas del terrorismo es imperecedero.