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EDITORIAL

¿Justicia o redada electoral?

La voluntad del PP de "tolerancia cero" ante el menor atisbo de corrupción, ha llegado al extremo del cese de las personas antes mencionadas por su, hasta ahora, mera relación con unos empresarios que no están siendo más que investigados.

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A pesar de que no hay sentencia condenatoria alguna, ni siquiera imputaciones firmes, contra nadie relacionado directa o indirectamente con el Partido Popular, la operación Gürtel, por la que el juez Garzón investiga a varias empresas supuestamente relacionadas con casos de corrupción, ya se ha cobrado políticamente la cabeza de tres cargos de este partido. Así, y sin poner en duda su honorabilidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aceptado la dimisión del consejero de Deportes, Alberto López Viejo, y del ex alcalde de Majadahonda y actual gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega. Asimismo, se ha confirmado la dimisión del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, después de que éste negara su disposición a hacerlo, tal y como previamente había anunciado Mariano Rajoy (quien tampoco había puesto en duda su inocencia).

El tiempo dirá si estamos ante una plausible muestra de cómo el Estado de Derecho lucha contra la lacra de la corrupción o una simple y artera maniobra que, con mucho ruido y pocas nueces, trata de salpicar con ajenos casos de corrupción al principal partido de la oposición en plena época preelectoral. Es cierto que la corrupción no entiende de siglas y que los miembros de cualquier partido –naturalmente, también del PP– pueden caer en ella. Sin embargo, no es menos cierto que el Partido Socialista ha llegado en ocasiones al extremo de intentar criminalizar a los miembros del principal partido de la oposición (pensemos simplemente en lo que hizo con dos militantes del PP, detenidos y acusados injustamente de haber tratado de agredir al entonces ministro Bono).

Al margen de que haya quien también ponga en duda la objetividad del juez Garzón, ex número dos del PSOE con Felipe González, en todo este asunto, lo que ya se puede denunciar como inadmisibles son las bochornosas filtraciones que se están haciendo del sumario a determinados medios de comunicación, que no se caracterizan, precisamente, por sus simpatías hacia el PP, en general, y hacia Esperanza Aguirre, muy en particular.

Tal y como ha denunciado la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, hay medios que han tenido conocimiento de los hechos "prácticamente antes de que se estuvieran produciendo", filtraciones que "perjudican en mucho los derechos de los que pueden estar afectados".

En cualquier caso, la voluntad del PP de dejar en evidencia su "tolerancia cero" ante el menor atisbo de corrupción, ha llegado al extremo del cese de las personas antes mencionadas por su, hasta ahora, mera relación con unos empresarios que, a su vez y hasta la fecha, no están siendo más que investigados. Por mucho que el tiempo sea quien diga si estas pesquisas y estos fulminantes ceses están o no justificados, lo cierto es que la plausible voluntad de "barrer la casa" del PP contrasta con la actitud reacia del PSOE de Zapatero –no digamos ya nada del de González– ante casos de corrupción cuya evidencia era mucho más elocuente. Por citar un sólo ejemplo en el que también se evidencia la doble vara de medir de la Fiscalía, ahí está caso del alcalde socialista del municipio de Ohanes, comprado por 30.000 euros por facilitar una licencia para una promoción de 25 viviendas. Desde que la denuncia fue presentada, con una grabación de la "compra" en video que no deja lugar a dudas, pasó más de un mes hasta que el alcalde, sin pedírselo su partido, presentara su dimisión alegando meros motivos de salud. Una reacción todavía más tardía ha protagonizado el juez y el fiscal del caso.

Por el contrario, en el asunto que nos ocupa, se trata de una serie de empresas de las que hasta la fecha sólo se conoce a ciencia cierta su relación en el pasado con algunos miembros del PP de Madrid. Tal es el caso de Servimed Integral, a la que la Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Madrid adjudicó dos contratos en 2005 y 2006 para organizar la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes, respectivamente. Según fuentes del Ejecutivo regional, esta empresa ganó el concurso en 2005 porque era la propuesta más barata y en 2006 porque fue la única compañía que se presentó. Esperemos que la investigación aclare próximamente si hay algo más que esto, relacionado con ésta u otras empresas investigadas, que pueda ser constitutivo de delito.

Aunque se haya echado en falta este fin de semana que Rajoy saliera a la palestra para dejar clara su voluntad de llegar hasta el final, –voluntad que debía incluir tanto la exigencia de responsabilidades políticas en su partido como la defensa del mismo ante posibles intoxicaciones–, el PP ha dejado claro que da prioridad a la mayor transparencia posible. Y esta voluntad ha quedado tan clara, como la del PSOE de utilizar este caso como cortina de humo tanto ante la crisis que padecemos como ante los propios casos de corrupción que le afectan.


 

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