Uno de los apartados más rematadamente absurdos del Protocolo de Kioto es el sistema de pago por emisiones de CO2, una ocurrencia de hace una década que penaliza el crecimiento económico mediante subastas de derechos de emisión. Cabalgando sobre la demagogia y los réditos de imagen que hasta hace no mucho ha proporcionado Kioto, los gobiernos europeos se han despreocupado de un asunto vital para nuestra economía hasta que, finalmente, le han visto las orejas al lobo en el fantasma de las relocalizaciones empresariales y el hecho comprobado de que medio mundo –incluyendo a Estados Unidos y China– ni cumple ni piensa cumplir Kioto.
No han servido de nada las advertencias contra un sistema tan delirante y se ha dejado hacer a los ecoalarmistas otorgando el máximo crédito a un acuerdo internacional caduco, desautorizado y que se propone pasar una carísima factura en breve. Es ahora, cuando las empresas amenazan con marcharse, cuando la recesión apremia y cuando la competitividad europea se ve seriamente amenaza, el momento en que los políticos de la Unión se acuerdan de algo con lo que, hasta anteayer, estaban totalmente de acuerdo.
Se ven por fin, en el seno de los propios gobiernos, las dos caras de Kioto. La populista encarnada por ministros de Medio Ambiente como Cristina Narbona, que utilizan el protocolo a la ligera para untarse de un atractivo barniz ecologista; y la timorata de los ministros de Industria como Joan Clos, aterrados por una fuga masiva de empresas hacia países que se han tomado este asunto de un modo más escéptico. Lo más probable es que nadie en política crea ya en Kioto y que su único objetivo sea mantener el cadáver lo más lustroso posible para que no se note la de tiempo y dinero que, a costa del contribuyente, se ha dilapidado en mantenerlo con vida.
