Tras pasarse casi un año negando tajantemente todos los nubarrones que planeaban sobre nuestra economía, Zapatero anunció durante la campaña electoral que la primera decisión de su Gobierno tras las elecciones sería la de convocar a los agentes sociales para afrontar algo que, al día de hoy, sigue negándose a calificar de crisis. No hay que extrañarse, pues, de que Zapatero haya tardado tres meses en cumplir ese compromiso, ni de que esa reunión en La Moncloa se haya saldado con poco más que una foto y algo tan etéreo e irresolutivo como un pacto entre gobierno, patronal y sindicatos consistente en que no se tomará medida alguna contra la crisis –o no-crisis– que no sea el resultado de un pacto previo entre esos mismos agentes.
Una cosa es que sea conveniente implicar y buscar el apoyo de los agentes sociales en la búsqueda y aplicación de soluciones, y otra muy distinta comprometerse a no tomar medida alguna si no cuenta con dicho consenso. Una cosa es la prudencia y otra la irresolución. El Gobierno tiene la obligación de gobernar, y no puede abdicar de sus responsabilidades por el hecho de que los agentes sociales no lleguen a un acuerdo o este sea claramente insuficiente.
Si la prudencia recomienda buscar el consenso con los agentes sociales, esa misma prudencia también aconseja tener muy presente el inmovilismo y la querencia al statu quo de los sindicatos, que para colmo, y especialmente en el caso de UGT, todavía afirman que "no hay que exagerar" sobre la crítica situación económica que atravesamos.
Para colmo, el propio Zapatero ha tenido la desfachatez de negar la deficiente situación por la que atraviesa el sistema de pensiones, pasando así por alto tanto las propias advertencias sobre su "insostenibilidad" que un día antes le hacía el propio Banco de España como el hecho de que el fondo de reserva, a día de hoy, sólo serviría para pagar a los actuales pensionistas durante nueve meses. Y no hay que olvidar que el número de éstos no dejará de crecer las próximas décadas.
Frente a una de las supuestas soluciones propuestas por el presidente del Banco de España, consistente en elevar la "contribuidad" a ese lastre que constituye el reaccionario, liberticida e ineficiente sistema público de pensiones, nosotros somos partidarios de un sistema de capitalización individual abierto a los beneficios de la competencia. No obstante, tenemos que reconocer que Fernández Ordoñez, aunque yerre en la solución, es al menos consciente de un problema que, como tantos otros, Zapatero sigue negando de plano y contra toda evidencia.
Podríamos pensar, finalmente, que el anuncio de Zapatero de que el Gobierno también va a "apretarse el cinturón" en los presupuestos es, al menos, un síntoma de conciencia del problema y de acierto a la hora de afrontarlo. Mas ¿qué credibilidad le podemos dar si el presidente del Gobierno no ha hecho la menor referencia, por vaga que sea, a ningún área de gasto en la que va a acometer dichos recortes? ¿Qué credibilidad darle, cuando lo que ha hecho hasta ahora –incluidos los meses de esta nueva legislatura– ha sido la de incrementar irresponsablemente el gasto público como si aun disfrutara de esa herencia del PP que hace ya tiempo que dilapidó?