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EDITORIAL

La chapuza laboral, resumida en una coma

La reforma se elaboró desde el principio de forma chapucera y sin precisar los cambios, algo imprescindible en un país donde los jueces de lo social toman partido en contra de la empresa por defecto.

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Buena parte de los errores que se cometen al regular el mercado de trabajo parten de la idea equivocada de que se puede lograr el pleno empleo a base de leyes, algo que sólo es alcanzable si se nacionaliza por completo la economía, como en los regímenes comunistas. Pero en esos casos, por mucho que todo el mundo tenga empleo, ni se trabaja ni se crea riqueza. Como se decía en la Unión Soviética, "ellos hacen como que nos pagan y nosotros como que trabajamos".

Sólo cuando las leyes favorecen la producción, básicamente quitando obstáculos, los empresarios serán más proclives a invertir capital para, entre otras cosas, contratar personal y poder pagarles mayores salarios. Desgraciadamente, muchos de los mayores obstáculos a los que se enfrentan los emprendedores españoles se encuentran en la legislación laboral, que convierte una contratación en algo más parecido a un matrimonio para toda la vida que en la relación contractual y profesional que es. Las leyes españolas son las principales responsables de que muchas empresas hayan fracasado y muchos empleos se hayan destruido o no se hayan llegado siquiera a crear... aparte de la enorme extensión del mercado negro, al margen de la ley, los mal llamados "derechos sociales" y el pago de impuestos.

Cuando esto se tiene claro, no sólo se entiende la necesidad de una reforma laboral, sino también qué es más urgente reformar. Además, las resistencias al cambio ni siquiera se sostienen en sus propias excusas. Allí donde la ley pone menos trabas a que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo en los términos del contrato, según la lógica socialista, éstos deberían vivir presas del pánico ante su supuesta inseguridad laboral. Pero resulta que España es el país de la OCDE donde más miedo tienen los trabajadores a perder su empleo, porque precisamente por la nula flexibilidad del mercado laboral saben que tendrán muy difícil encontrar otro. De modo que impedir estos cambios no mejorará nuestra seguridad.

La reforma laboral que ha salido este jueves de la negociación entre el PSOE y los partidos nacionalistas prácticamente no toca –al menos por ahora– uno de los defectos principales de nuestra legislación: la obligación de obedecer a lo que decidan nuestros supuestos representantes sindicales y empresariales, que puede ser exactamente lo contrario a lo que necesitan las empresas y trabajadores reales, de carne y hueso. Es decir, los convenios colectivos. Pero sí apuntaba en otra dirección: la reducción del precio del despido por la vía de convertir en objetivos aquellos que se produzcan porque la empresa va mal y debe reducir personal.

El problema es que la reforma se elaboró desde el principio de forma chapucera y sin precisar los cambios, algo imprescindible en un país donde los jueces de lo social toman partido en contra de la empresa por defecto, llegando en algunos casos a declarar improcedentes despidos en los que había agresiones o insultos por parte del trabajador. Así, indicar cuándo se consideraba que un despido era objetivo por causas económicas resultaba esencial para que este cambio en la regulación tuviera alguna consecuencia práctica. Se habló de que bastaría con acreditar pérdidas o una caída en los beneficios. Pero al final no ha sido así.

La nueva propuesta menciona tras la negociación entre PSOE y PNV que el despido será objetivo si se acredita "la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". La inclusión de esa última coma llevará a que muchos jueces decidan interpretar que las pérdidas no afectan a la viabilidad de la empresa o no le impiden mantener el volumen de empleo, anulando en buena medida la utilidad práctica de esta norma.

Esta penúltima chapuza parece demostrar que nuestros políticos son incapaces de legislar de una forma mínimamente competente. Si esta reforma no es clara, no servirá de mucho. Esperamos, por tanto, que el Senado mejore un texto clave para salir del hoyo en el que está nuestra economía.


 

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