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EDITORIAL

La clase política y el Estado autonómico

Lo lamentable no es tanto que los principales partidos no ofrezcan una solución compartida a la inviabilidad del actual modelo autonómico, sino que ambos niguen la existencia misma del problema.

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Zapatero ha aprovechado este miércoles la aprobación definitiva del Estatuto de Extremadura para abordar en el Senado el debate que avivaba hace unos días el ex presidente del Gobierno José María Aznar en torno a la inviabilidad del actual Estado autonómico.

Tal y como era previsible, Zapatero ha dado una visión idílica del actual modelo autonómico destacando que es el "más idóneo" porque acerca la administración a los ciudadanos y porque, además, reconoce la "pluralidad" de España y sus diversas identidades. Tras una encendida defensa del "vigor" y la "vitalidad" del modelo estatal español, Zapatero se ha limitado a pedir un "esfuerzo conjunto y exigente" para gestionar los asuntos públicos "con la mayor austeridad y eficiencia posible".

La verdad es que el ánimo reformador que traslucía un día antes el líder de la oposición Mariano Rajoy tampoco es que fuese mucho más allá. Así, Rajoy ha manifestado que no plantea que el Estado central recupere competencias y que el Estado de las autonomías "ha sido muy útil pero necesita reformas". La primera consiste en restablecer el tope de gasto que antes marcaba la ley de estabilidad, tanto para las comunidades autónomas como para los ayuntamientos y la administración del Estado. La segunda, a juicio de Rajoy, sería configurar una unidad de mercado con "pocas normas claras y entendibles" en todo el territorio nacional. "Si en toda Europa vamos hacia normas comunes, no tiene sentido que haya 17 regulaciones distintas, porque es algo que afecta a la propia creación de empleo". Finalmente, Rajoy ha propuesto desarrollar desde el Estado una "regulación básica" para "garantizar la igualdad de los ciudadanos" en toda España.

Aunque la clase política no se atreva a reconocer públicamente la realidad tal y como es, lo cierto es que el Estado autonómico se ha convertido en un monstruo de 17 cabezas, causante de numerosos despilfarros y duplicidades, generador de cuantiosas redes clientelares y del monumental incremento de funcionarios. Es, a su vez, el causante de fracturas en la unidad de mercado, origen de la falta de vertebración que dejó en evidencia la derogación del Plan Hidrológico Nacional, o potenciador de lo que nos separa en detrimento de lo que nos une, con lamentables consecuencias especialmente en el ámbito educativo. Se ha convertido, en definitiva, en el causante de la crisis institucional que padece España como nación y, tal y como denuncian numerosos organismos independientes, en un auténtico lastre para nuestras posibilidades de recuperación económica.

Algunos dirán –y dirán con razón– que todos estos males no son consustanciales a cualquier modelo autonómico o descentralizado. Y ciertamente no tendría por qué ser así si cada palo aguantase su vela y los organismos autonómicos, además de serlo a la hora de gastar, lo fueran también a la hora de recaudar, aunando así autonomía y responsabilidad. De hecho, se pueden plantear distintas reformas, desde la que van encaminadas a que el Estado recupere competencias en detrimento de las autonomías, a las de corte federalista favorables a una consolidación o extensión de las mismas por parte de la autonomías, pero transfiriéndoles también la responsabilidad recaudatoria en pro de lo que podría ser una sana y responsable competencia entre ellas.

Lo que es lamentable es que la clase política se niegue abordar ese debate y a consensuar una profunda reforma de lo que al día de hoy en un insostenible modelo autonómico. Cerrar lo ojos a esta realidad, y salir con lugares comunes, tales como el de que las autonomías han sido responsable del desarrollo del país en el pasado o lo de la cercanía de la administración al administrado no es de recibo. Es innegable que España ha avanzado en muchos aspectos desde que goza de democracia, pero nada indica –todo lo contrario– que sea gracias, y no a pesar, de nuestro modelo autonómico. Otro tanto ocurre con la recurrente cantinela de la "cercanía" de la administración al administrado. Lejos de ser idónea, en muchas ocasiones la mayor proximidad del grupo de interés al poder que se da en las comunidades autónomas eleva el beneficio del político que regula o legisla en su particular interés. Además, puestos a potenciar la proximidad, ¿por qué no suprimir las competencias autonómicas en beneficio de las municipales?

En cualquier caso, es evidente que si los partidos nacionales no quieren abordar en profundidad este asunto es porque ninguno de ellos quiere enfrentarse a los nacionalistas, cuya única reforma que aprobarían sería la de suprimir las autonomías que no fueran las que ellos gobiernan, en lo que sería un proceso asimétrico y disgregador, aun más letal que el que ahora padecemos. De hecho, las direcciones de los partidos nacionales son cautivas ellas mismas de sus propios barones regionales que compiten también con los nacionalistas en este insostenible reino de taifas.

El resultado es que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato


 

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