La ceremonia de entrega de despachos a la más reciente promoción de jueces de la Escuela Judicial de Barcelona ha tenido detalles muy significativos habida cuenta de la situación política nacional, tremendamente perturbada por el desafío del separatismo catalán contra el Estado de Derecho. El primero de ellos ha sido la ausencia de representantes políticos –salvo el ministro de Justicia, cuya presencia era obligada por razones obvias–, lo que ha convertido un acto protocolario en una ceremonia solemne presidida por la Corona y con el protagonismo exclusivo de los representantes del Poder Judicial.
También ha resultado elocuente la presencia del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, hostigado por los sediciosos a cuenta del procesamiento de los impulsores del golpe separatista, y de su esposa, Gema Espinosa, participante en el acto en tanto que directora de la Escuela Judicial de Barcelona, que es, por otra parte, el organismo jurídico donde se forman todos los jueces españoles.
El Rey ha conversado con Llarena y en su discurso a los diplomados ha ensalzado "la valía mostrada por los miembros de la carrera judicial en la tutela de la Constitución" y felicitado a la directora de la Escuela por el papel esencial de ésta en la formación de jueces y magistrados "independientes, inamovibles e imbuidos de los principios constitucionales".
Precisamente la situación de la Justicia en España, fuertemente mediatizada por la clase política, hace que estas palabras de Felipe VI resulten especialmente pertinentes. En la grave crisis nacional provocada por el separatismo catalán, solo la Corona y los jueces han estado a la altura de las circunstancias, soportando los ataques y flaquezas de una clase política entre irresponsable y desleal. Una Justicia independiente y eficazmente dotada , como reclaman los jueces con el respaldo del Rey, es imprescindible para dar respuesta a los desafíos constitucionales a los que se enfrenta la Nación. La ausencia de políticos en acontecimientos propios del ámbito judicial como este acto de la Escuela Judicial española es un buen principio para remarcar esa imprescindible separación.