Llueve sobre mojado en el pantano de presunta corrupción en Andalucía. La grabación aportada por el ex director de Promoción de la empresa pública Invercaria sugiere que la ex presidenta de la entidad, Laura Gómiz, le pidió informes falsos para vestir el santo de ayudas previamente adjudicadas. Según el fragmento de la grabación difundido este lunes por el diario ABC, la señora Gómiz, ante la resistencia de su subordinado a falsificar expedientes, lo invitó a irse, porque, si no está dispuesto al fraude, "no me sirves" y porque "si una tuviera en cuenta la ética, no podría estar en este puesto". También -siempre según la misma grabación que ya está en poder de la juez Mercedes Alaya-, la expresidenta de Invercaria admite que sus superiores políticos en la junta de Andalucía están al corriente de las prácticas para adecentar los expedientes.
Si la grabación es auténtica, y si estuviéramos en un país con una elemental calidad democrática, lo conocido este lunes significaría el fin de la carrera política del señor José Antonio Griñán y, probablemente, también su imputación en un proceso penal.
Con la debida cautela, y sin desdeñar la posibilidad de que el señor Cristóbal Cantos haya manipulado la grabación, como afirma la Junta de Andalucía, actuando por despecho de su despido o inspirado por su condición de hijo de uno de los asesores económicos del candidato popular, Javier Arenas, lo cierto es que el contenido de la grabación es lo bastante grave como para que la Justicia investigue a fondo este nuevo foco de fundada sospecha de corrupción en el seno de la Junta de Andalucía.
De ser fiel a los hechos, esta cinta añadiría un nuevo elemento de prueba de las prácticas ilegales y chanchulleras de un régimen clientelar y corrupto, ya de por sí señalado por el escándalo del los EREs fraudulentos, o por el de las ayudas a la empresa Matsa, en la que ha trabajado la hija del expresidente Manuel Chaves, entre otros casos que son de dominio público. No basta con que el señor Griñán y el PSOE inscriban este episodio en el marco de una supuesta guerra sucia del PP para ganar las elecciones del próximo 25 de marzo. El contenido de la grabación es gravísimo y la Justicia debe verificarlo, gane quien gane en la consulta electoral.
Después de treinta años de gobierno omnímodo del PSOE, Andalucía es la Comunidad con mayor tasa de paro juvenil y se encuentra a la cola del rendimiento educativo. El progreso socialista no se ha visto por ninguna parte, pero, en cambio, los andaluces asisten a inmundo espectáculo de una charca de corrupción en la que día sí y día también borbotean nuevos escándalos. Todo parece figurar la descomposición de una plutocracia sobre la que pesan serios indicios de que se ha dedicado preferentemente al saqueo y el enriquecimiento propio y de sus amigos.
Los andaluces dirán el próximo 25 de marzo si quieren seguir gobernados por los mismos que los han empobrecido, engañado y se han enriquecido a su costa, o si opta por una oportunidad de regeneración. Mas el resultado electoral no altera la necesidad urgente de una investigación en sede judicial de las evidencias que apuntan un estado de corrupción asentado en más altas esferas de la Junta de Andalucía. En un momento en el que España se juega su supervivencia económica intentando convencer a Europa de que somos un país digno de crédito y respetuoso de la ley, la transparencia de lo que ha ocurrido en Andalucía en estos últimos treinta años y la depuración de las responsabilidades es una tarea de Estado, tan indispensable como los ajustes económicos.