Sindicatos y Gobierno son expertos en falsificar la realidad. Los primeros no se avergonzaron de repetir ayer que su fracasada huelga había sido todo un éxito; se siguen proclamando represantes indiscutibles de la "clase trabajadora" y, por tanto, piensan continuar sometiendo a nuestro mercado laboral a unas rigideces tales que en apenas tres años nos han llevado a alcanzar la delirante cifra de casi cinco millones de parados. El segundo ha estado toda una legislatura mitiendo abiertamente sobre los presupuestos, inflando la cifra de ingresos e infravalorando la de gastos, lo que nos ha conducido a acumular año tras año uno de los mayores déficits públicos del mundo.
Tal ha sido el desastre del Ejecutivo de Zapatero que si en 2007 podíamos vanagloriarnos de gozar de una solvencia mayor incluso que la de Alemania, hoy padecemos una humillación tras otra por parte de las agencias de calificación. Si Standard & Poor’s y Fitch ya nos habían rebajado hace meses nuestro rating crediticio, ayer fue Moody’s, la agencia que más se resistía hasta la fecha a reducirlo, quien ya no tuvo más remedio que admitir lo que para todos los operadores de mercado era un clamor: que nuestro país se acerca peligrosamente a un muy delicado escenario en el que le será crecientemente complicado hacer frente a sus obligaciones.
Es cierto que la rebaja por parte de Moody’s no ha sido sustancial y que, para sus estándares, el Reino de España todavía sigue siendo muy solvente. Pero no olvidemos que las agencias de calificación son un oligopolio privado –no están abiertas a la competencia– que fracasó estrepitosamente a la hora de anticipar el riesgo real de impago de la deuda privada en 2007 y 2008. La situación no tiene por qué ser distinta para el caso de la pública.
De hecho, más importante que la degradación de Moody’s es que nuestro diferencial con el bono alemán ya vuelva a situarse a los peligrosos niveles de mayo pasado, cuando fuimos intervenidos de facto por Bruselas, y, sobre todo, que exhibamos un cada vez más estrecho margen para repagar el explosivo endeudamiento público.
Al fin y al cabo, los intereses y los vencimientos de deuda de 2011 coparán un quinto de todo el gasto presupuestario, sin que nuestro endeudamiento se reduzca (pues lo que gasta el Gobierno sigue siendo muy superior a lo que ingresa). Cuando en el futuro debamos reducir el gasto –y tendremos que hacerlo habida cuenta de nuestro enorme déficit– dispondremos de menores partidas que recortar. Ese 20% de gasto financiero es ya una partida intocable, una merma permanente en nuestra riqueza hasta que no volvamos a generar superávits. En otras palabras, la deuda y sus intereses –esto es, los despilfarros pasados de Zapatero– van devorando nuestros presupuestos y pueden terminar por engullírselos por completo.
Con su suicida política manirrota, la izquierda gobernante, tan social y socialista ella, nos está abocando a una situación en la que sólo tendremos dos opciones reales: o suspendemos pagos como país o reducimos drásticamente el resto de gasto no financiero (a saber, educación, sanidad, pensiones, subsidios de desempleo, salarios de los funcionarios...). Incrementar los impuestos no es una opción factible para generar un superávit que nos permita amortizar deuda, por el simple motivo de que nuestro déficit sigue siendo equivalente a toda la recaudación anual de IRPF e IVA juntos.
Cada día que pasa nuestra situación se vuelve más delicada. Los planes E y el resto de absurdos gastos de Zapatero se están convirtiendo en una losa tercermundista para nuestra economía y para nuestro futuro. Puede que, como pronostican los más optimistas del lugar, ZP se vaya en 2012 y el PSOE no vuelva a gobernar en 30 años. Pero desde luego su ruinosa herencia perdurará durante muchas décadas. De aquí a las generales todavía pueden empeorar mucho las cosas; es más, pueden empeorar hasta un punto de no retorno.