Si hay un partido político que carece totalmente de legitimidad para criticar la regulación fiscal a la que se acogieron en 2012 cerca de 30.000 contribuyentes, ese es el PSOE. Y no sólo porque entre esos contribuyentes regularizados pueda haber también políticos socialistas, tal y como dejó entrever el pasado miércoles el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez; sino porque los socialistas aprobaron no una sino dos amnistías fiscales cuando gobernaron, concretamente en 1984 y en 1991.
No se trata de librar una disputa semántica o técnica respecto de si lo aprobado por el PP está más cerca de ser una "regulación fiscal complementaria", tal y como apunta el ministro de Justicia, o una "amnistía", como sostiene la oposición. Lo que es un hecho es que no lleva consigo ninguna exención de responsabilidades penales ni ha sido obstáculo, todo lo contrario, para investigar si los contribuyentes que se acogieron él pudieron cometer algún delito. Así lo prueban los 715 contribuyentes que están siendo investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Pero una cosa es denunciar la hipocresía del PSOE al criticar el proceso de regulación fiscal aprobado por el PP, que no por controvertido deja de ser bastante más decente que las dos amnistías aprobadas por los socialistas, y otra muy distinta dejar de criticar la falta de probidad y la torpeza política de Montoro.
El ministro ha querido sacar tajada del hecho de que Rodrigo Rato es uno de los 715 contribuyentes investigados, con lo que quedaría acreditado que Hacienda no se fija en el color político de los contribuyentes a la hora de investigar. Sin embargo, lo que acredita la filtración y el hecho de que el expediente de Rato sea el único de los 715 remitido a la Fiscalía es que el Gobierno y Hacienda no han velado por el derecho al anonimato que asiste a Rato tanto como al resto.
Si el Gobierno, con razón y en cumplimiento de la ley, se niega a hacer pública la lista de los contribuyentes regularizados y la de los que están siendo investigados, esa obligación también se imponía en el caso de Rato, con independencia de a qué partido pertenezca.
Por otro lado, resulta políticamente estúpido pretender que el escarnio y la pena de telediario a la que ha sido sometido el vicepresidente del Gobierno de Aznar fuera a beneficiar al actual PP. El caso Rato, con independencia de las luchas intestinas que se están dando en el partido, va a perjudicar al PP en su conjunto, incluidos Rajoy, Sáenz de Santamaría y el propio Montoro.
Sea como fuere, el espectáculo de hipocresía del principal partido de la oposición es tan innegable como el proceso de autodestrucción en el que está embarcado el PP. Luego se sorprenderán unos y otros de la quiebra del bipartidismo.