Dos eventos de este fin de semana han dejado claro cuál es la situación real en el País Vasco. Mientras el sábado los proetarras se manifestaban tranquilamente en San Sebastián ante la atenta mirada de la Ertzaintza, el domingo un grupo de ediles populares era amedrentado y amenazado de muerte en Guecho sin que nadie hiciera nada para impedirlo, ni la Policía Municipal ni la autonómica.
El que los cómplices de los asesinos puedan reivindicar en la calle su apoyo a uno de los más sanguinarios de entre los suyos no puede tomarse como un ejemplo de tolerancia y respeto por la libertad de expresión cuando, al mismo tiempo, los demócratas que tantos compañeros han perdido no pueden vivir con tranquilidad y ejercer con libertad sus derechos. Defender el supuesto de derecho de tomar las calles en defensa de un asesino en serie mientras se niega a personas inocentes la posibilidad de acudir a un mercado no es otra cosa que colaborar con los proetarras en la creación de un clima irrespirable para quienes creen en España y en la libertad, que con ejemplos como éstos queda claro una vez más que, a día de hoy, son una misma cosa.
La supervivencia del fenómeno terrorista y de las masas envalentonadas que lo apoyan no se puede explicar sin esa persistente colaboración en el día a día de las fuerzas políticas que tienen la responsabilidad de garantizar el orden público con aquellos que lo violentan un día sí y otro también. Porque si de educar se trata, lo esencial es enseñar qué está bien y que está mal, recompensando lo primero y castigando lo segundo. Pero en el País Vasco, quienes defienden la libertad y la vida son castigados por los poderes públicos mientras aquellos que apoyan la muerte reciben el premio de la comprensión pública y la inacción policial. Y parece como si el objetivo de todos los partidos políticos de ámbito nacional en el País Vasco fuera negociar con quienes "maleducan" de esta manera a los proetarras.
En unos políticos empeñados en atar su propio futuro a la supervivencia del terrorismo nacionalista vasco ya no sorprende la referencia a los crímenes como "desaguisados" o la consideración de que podemos darnos por satisfechos si un asesino convicto nos hace el favor de dejar de matarnos. Pero que no produzca asombro no lo hace menos escandaloso. No hay que olvidar que el partido al que pertenece Erkoreka lleva décadas gobernando el País Vasco, y su historial en la labor esencial de todo Gobierno, y para muchos la única realmente justificada, de proteger a los ciudadanos y proporcionarles seguridad frente a la violencia, es sencillamente deleznable.
Cuando se pergeña un Estado descentralizado se ha de dar por sentada la lealtad de las partes hacia el todo. Cuando los gobiernos regionales emplean sus poderes para destruir, y no para construir, se hace necesario replantear si ciertas competencias deben permanecer en sus manos. Tras décadas de tener en sus manos la responsabilidad de mantener el orden público, ha quedado claro que el Gobierno del País Vasco no la ejerce con responsabilidad. Su obligación es proteger al débil del matón, no defender el "derecho" de éste a amedrentar a su víctima. Si los poderes públicos son incapaces de cumplir siquiera con este deber, la razón misma de su existencia queda en entredicho.