En el Juzgado de Menores número 3 de Barcelona ha comenzado este martes uno de esos juicios que ponen en evidencia la necesidad de acometer una profunda reforma de la Ley de Menor que erradique la práctica impunidad de la que gozan los menores de edad por graves y horrendos que sean sus crímenes. Se trata del juicio por el apaleamiento y degollamiento de Maores, una joven de catorce años asesinada el pasado mes de noviembre en Ripollet a manos de Sergio y Luis, dos compañeros de instituto de 15 y 14 años respectivamente. Por lo visto, la joven estaba enamorada de Sergio y había hecho pública su relación con él en internet. Sergio, sin embargo, mantenía otra relación paralelamente, por lo que, según los investigadores, fue con Luis a buscar a la víctima a su domicilio y la llamaron por el interfono en el piso donde vivía con su madre, su padrastro y su hermano, y del que bajó en ropa de estar por casa. La llevaron hasta un descampado donde la chica fue golpeada con un bastón hasta que éste se rompió. Entonces, el autor material pidió a su compañero que le diera uno de los trozos rotos que estaba en el suelo y éste, según el primer joven, le obedeció. Finalmente, la adolescente fue degollada.
Por mucho que el presunto autor material se haya negado ahora a declarar, lo cierto es que ya se había declarado previamente culpable, escudándose en que "oía voces" que le decían que debía matar a la víctima. Así mismo, y por mucho que el otro joven haya declarado que se limitó a acompañar a la pareja pero que luego se alejó sin saber las intenciones criminales de su compañero, lo cierto es que la policía tiene constancia de dos mensajes que ambos se intercambiaron por el "Messenger" antes y después del crimen: en el primero de ellos Sergio decía a su amigo que tenía que matar a Maores y en el segundo, al día siguiente del asesinato, le indica que si la chica no estaba muerta, la próxima vez emplearía "una barra de hierro".
Ante esta frialdad y deliberada voluntad de asesinar, resulta escandaloso que el Ministerio Público pida sólo cinco años de internamiento en un centro juvenil y tres de libertad vigilada para ambos. Esa es, sin embargo, la pena máxima de privación de libertad que contempla la Ley del Menor para los menores de 16 años. Y es que la "reforma" de enero de 2006 apenas modificó los presupuestos de una ley que prácticamente considera irresponsables a unos criminales por el hecho de ser adolescentes. La adolescencia, sin embargo, ni es una enfermedad ni un impedimento para distinguir el bien del mal, más aun en casos tan evidentes y sangrantes como el que nos ocupa. Un adolescente puede no ser del todo consciente de las gravísimas consecuencias que pueden tener ciertos comportamientos temerarios. Apalear y degollar a una chica no es uno de esos casos. Una cosa es que, dada su edad, los adolescentes no estén internados junto a los demás reclusos; otra cosa muy distinta, que sus crímenes se paguen con sólo cinco años de internamiento. Un criminal no se "resocializa" porque deje de ser adolescente o porque se le ponga a los dos días de patitas en la calle.
Ya dijimos en su momento que la Ley del Menor requería una reforma mucho mayor. Hace unos dias, el presidente Zapatero valoraba la posibilidad de una "pequeña modificación" de esta norma para facilitar el traslado de los menores inmigrantes desde Canarias a la Península. Esperemos que el Gobierno no espere a que se produzcan nuevos crímenes como el de Maores para que la reforma sea de mucha mayor envergadura.