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EDITORIAL

La injusticia como norma suprema

Una decisión completamente democrática que, sin embargo, pone en cuestión nuestro Estado de Derecho. Y que facilitará enormemente que el tribunal incumpla su propia doctrina aceptando la ley del aborto o que amplíe la desigualdad de los españoles.

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No son pocos los pensadores que consideran que es mucho más importante para la libertad la existencia de un Estado de Derecho que de la democracia, aunque no sea frecuente encontrarse el primero sin la segunda. Al fin y al cabo, bajo un Estado de Derecho dotado de garantías para la vida y la propiedad, la arbitrariedad del poder político está limitada por las leyes y los tribunales; en cambio, en una democracia en la que la mayoría carece de límites nuestras libertades pueden ser violadas por cualquier decisión política.

En España, el ataque a un orden más o menos liberal ha venido por dos vías: una Constitución que no tuvo como principal objetivo separar y limitar el poder de forma efectiva y una clase política que ha logrado, pasito a pasito, eliminar la independencia judicial, especialmente la del Tribunal Constitucional. Para ello han contado con la colaboración de un buen número de juristas que, bajo el manto del llamado "uso alternativo del derecho" –doctrina que en Estados Unidos recibe el nombre de "activismo judicial"– promueve la violación del Derecho en nombre de otros fines políticos.

Para los practicantes de esta alternativa a la aplicación de la ley, el Derecho debe emplearse como herramienta al servicio de las clases oprimidas frente a las dominantes. Eso supone que el juez debe dictaminar lo que su conciencia de izquierdas diga que debe dictaminar, al margen de las leyes aprobadas en el parlamento o de los derechos ciudadanos que la Constitución protege. En definitiva, según el perfecto resumen que Bermejo hiciera en su día, son de izquierdas y como tales actúan. No como jueces ni como fiscales.

Así, por indicar algunos ejemplos recientes, el Tribunal Constitucional ha decidido que la ley que decreta una pena distinta por los mismos hechos penales dependiendo de si el infractor es hombre o mujer no viola el artículo de nuestra Carta Magna que proclama que todos somos iguales ante la ley, sin que nadie puede ser discriminado por razón de su sexo. Del mismo modo, ha decretado que el Estatut es constitucional en algunos artículos que contradicen abiertamente la Constitución, pero indicando que deben interpretarse de forma totalmente contraria a como están redactados.

Dos de los magistrados que dieron su beneplácito a estos despropósitos serán a partir de este jueves presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional, debido a que los integrantes de este tribunal son elegidos por los políticos y los socialistas tienen la mayoría. Una decisión completamente democrática que, sin embargo, pone en cuestión nuestro Estado de Derecho. Y que facilitará enormemente que el tribunal incumpla su propia doctrina aceptando la ley del aborto o que amplíe la desigualdad de los españoles ante la ley cuando se apruebe la totalitaria ley de igualdad de trato.

Desgraciadamente, parece que cada vez será más frecuente que la libertad de expresión sea menor para unos que para otros dependiendo de su ideología política, o que los derechos que se violan al procesar a un juez que cometió el pecado de tratar a Polanco como a cualquier otro ciudadano se respetarán cuando del juez estrella se trata. La politización de la justicia, es decir, la instauración de la injusticia como norma suprema del ordenamiento jurídico, es cada vez mayor. Y más difícil de revertir.


 

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