La Abogacía del Estado ha presentado, a instancias del Ministerio de Educación, un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Generalidad por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula de alumnos en centros catalanes para el curso 2015-2016, y en la que nuevamente se proscribe el castellano como lengua vehicular de la enseñanza.
Aunque el presidente de la encomiable asociación Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, la haya calificado de "brindis al sol o a la luna", la decisión del ministro Wert es, más bien, un monumental e insultante acto de hipocresía por parte del Gobierno del PP, que finge ignorar la catarata de sentencias de los más altos tribunales, incluso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que los mandatarios de la Generalidad vienen impunemente ignorando año tras año.
Ya en diciembre de 2010 CiU y PSOE pactaron públicamente la primera investidura de Artur Mas sobre la base de hacer caso omiso a las sentencias del Supremo que se acumulaban contra la inconstitucional erradicación del español de las aulas catalanas. No otra cosa ha hecho el presidente de la Generalidad con todos los pronunciamientos judiciales que posteriormente se han ido produciendo, incluida la sentencia del TSJC de abril de 2013.
Aunque se podría decir lo mismo de la fracasada LOMCE, este nuevo recurso presentado ante el TSJC –mucho menos exigente que el Tribunal Supremo a la hora de requerir a la Generalidad el bilinguïsmo en la enseñanza– no es otra cosa que una forma de maquillar la pasividad del Gobierno de Rajoy a la hora de hacer cumplir las leyes y las sentencias. De nada sirven unas ni otras si el Gobierno, el por algo denominado Poder Ejecutivo, no cumple con su obligación de hacerlas cumplir.
Recurrir nuevamente a los tribunales sólo tendría sentido si fuese para procesar a los mandatarios autonómicos un continuado y ostentoso delito de desobediencia y prevaricación. Es evidente, sin embargo, que si la voluntad de Mas por infringir la ley es grande, aun mayor es la renuencia de Rajoy a la hora de hacerla cumplir. Con un presidente de Gobierno como Rajoy, antes veremos a Wert cesar en su cargo de ministro de Educación que a Mas procesado por un delito de desobediencia. Y si no que se lo pregunten al ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce, que tuvo la osadía de denunciar al presidente catalán por su ilegal consulta secesionista.
Finalmente, hay que señalar que si esta decisión de Wert, tal y como también apuntaba acertadamente Francisco Caja, no es más que un "ejercicio de electoralismo", bien puede salirle al Gobierno el tiro por la culata: el ministro no hace más que recordar a la ciudadanía las incumplidas promesas de Rajoy de "hacer efectivo el derecho a aprender en español". Eran los tiempos en los que el entonces líder de la oposición alertaba de que lo que pasa en España "no pasa en ningún otro lugar del mundo: aquí hay niños españoles que no pueden estudiar en español". Y siguen sin poder, casi cuatro años después del nombramiento de Rajoy como presidente.